En 2016 y 2017, durante el segundo gobierno del FMLN, cuando Nayib Bukele formaba parte de ese partido de izquierda como alcalde de San Salvador, dos empresas representadas por el austríaco Uwe Christian Martinz -quien reside en Guatemala- fueron designadas a dedo como socias de entidades públicas. La primera fue elegida como socia para crear un negocio de administración de mercados municipales de la capital y, la segunda, como socia para crear un negocio de telecomunicaciones de instalación y administración de fibra óptica para conectividad de internet.
Las dos entidades públicas con la que Martinz entabló comunicación para articular negocios para privados son la Alcaldía de San Salvador y la empresa estatal de energía Empresa Transmisora El Salvador (Etesal). Las dos instituciones públicas cedieron bienes tasados en millones de dólares a privados en 2016 y 2018.
La Alcaldía -dirigida por Bukele- entregó tres inmuebles, entre ellos el Mercado Hula Hula, que fueron usados por la empresa que representaba Martinz como garantía para obtener un crédito de $55 millones en Guatemala. La segunda compañía de telecomunicaciones recibió de Etesal un usufructo de fibra óptica, valorado en $23 millones a valor presente, y luego los privados gestionaron créditos por $9 millones.
Entre los bienes públicos cedidos y los créditos obtenidos, son más de $87 millones los recursos que Martinz ha gestionado para dos grupos empresariales agrupados en dos compañías: Direct Security Systems (DSS), socia de la Alcaldía de San Salvador en el negocio de administración de mercados, y los empresarios detrás de Blue Comm, socios de Etesal en un negocio de telecomunicaciones.
Con DSS, Martinz cabildeó con la Alcaldía administrada por Bukele la creación de una sociedad de economía mixta: Nuevo Sistema de Mercados (Simerca). En septiembre de 2016, Martinz fue designado presidente de Simerca, cargo que ocupó hasta abril de 2018, cuando fue sustituido en la presidencia por el empresario mexicano Enrique Sánchez Hernández.
La primera mención al empresario austríaco en negocios en El Salvador consta en un acta del Concejo Municipal del 1 de enero de 2017. En esa acta, uno de los seis regidores del FMLN que votó en contra de los contratos marcos adjudicados a Simerca fue Fabio Castillo, que manifestó su inconformidad con el proceso de contratación con el que se delegó la construcción, administración y operación del Mercado Hula Hula, el Exbiblioteca y el Mercado Escalón. “Porque a los señores de la SEM no los conoce, ni los ha visto nunca, pero ya conoce el nombre de uno de ellos, que se llama Uwe Martinz de Guatemala”, dice el acta. “Ellos (los concejales) han dicho que ya hablaron con él, en primer lugar no es cierto y expresado en la forma que lo expresaron daban a entender que ya contaban con su voto (de Fabio Castillo) eso los hace caer en la categoría (...) de personas que dicen falsedades insinuando cosas que no son ciertas”.
Con la segunda compañía, Blue Comm, Martinz gestionó ser socio de Etesal en un negocio de telecomunicaciones de instalación y administración de la red de fibra óptica utilizada para la conectividad de internet. El contrato fue entregado por el segundo Gobierno del FMLN (2014-2019) y permitió crear una empresa mixta, en la que las acciones son repartidas entre una institución pública y una empresa privada. La empresa que nació de esta alianza público-privada se llama Coatl, S.A de C.V.
El 24 de marzo, El Faro buscó a Martinz a través de llamadas a Coatl, pero el número y los correos institucionales que aparecen en la página web, en los directorios telefónicos y sus redes sociales están fuera de servicio. Este periódico envió preguntas al correo personal de Martinz, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En Simerca y en Coatl, las instituciones públicas aportaron inmuebles y el usufructo de cableado de fibra óptica, activos usados para hacer rentables los negocios, pero solo recibieron el 25% de las acciones de las sociedades que fueron creadas para administrar estos activos públicos. Los socios privados recibieron el 75% de las acciones y el control de la administración de esas sociedades mixtas. Es decir que, aunque la Alcaldía de Bukele y el Gobierno del FMLN ponían los bienes con los que se consiguieron préstamos millonarios para poder operar, eran los empresarios los que se llevaban la mayor tajada del pastel.
Ejecutivos claves en la creación de Coatl y de Simerca pasaron a formar parte del gabinete de Nayib Bukele cuando asumió la Presidencia el 1 de junio de 2019. Entre los directores de Coatl que han ocupado cargos en el Gabinete está Tanya Cortez, designada como directora del Centro Nacional de Registros (CNR), cargo que ocupó hasta el 13 de abril de 2021; Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia hasta mayo de 2021 y actual presidente de la Asamblea Legislativa leal a Bukele; Claudia Juana Rodríguez, actual secretaria privada de Presidencia; y Edwin Patricio Núñez, quien es el presidente de Etesal. Núñez fue uno de los fundadores de Simerca, vicepresidente de la empresa, y compartió cargo en la junta directiva con Conan Tonatiuh Castro, secretario jurídico de Bukele, quien dejó el cargo en junio de 2024. Una cúpula de funcionarios cercanos y leales a Bukele se fue turnando el control de Coatl.Con Bukele como presidente de El Salvador, Coatl fue uno de los principales contratistas de Obras Públicas durante la pandemia, con un contrato de $859,037 para el “suministro e instalación de infraestructura de red e instalaciones especiales de señales débiles para el Hospital Cifco”, según la orden de compra 2020/0034.
Ese Ministerio contrató a Coatl para instalar 48 hilos monomodo de fibra óptica para interconectar el Hospital El Salvador con un call center en el Museo Nacional de Arte y con Casa Presidencial. La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), una misión internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) creada para investigar casos de corrupción, identificó que no existió sondeo de mercado para proceder a contratar a Coatl, que la empresa empezó a trabajar las obras antes de que fuera contratada formalmente por el MOP. Coatl vendió el metro lineal de tubos y alambres con 500% de sobreprecio, a $10.34 cada unidad cuando el precio de mercado era de $2.
Los auditores también identificaron que en la junta directiva de Coatl estaban directivos de Simerca y funcionarios del Gabinete de Nayib Bukele. “En la junta directiva de Coatl se encuentran personas que intervinieron en 2016 en la constitución de la sociedad de economía mixta, entre la Alcaldía de San Salvador y la empresa Direct Security Systems denominada Nuevo Sistema de Mercados (Simerca), a la cual se le han adjudicado contratos de construcción, administración, operación y mantenimiento de centros comerciales municipales”, dice la auditoría de la Cicíes.
Ernesto Castro era vicepresidente de Coatl cuando la Cicíes identificó estas irregularidades. Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la actual secretaria privada de Bukele, sustituyó a Castro en la junta directiva de Coatl en mayo de 2021, cuando Castro asumió como presidente de la Asamblea Legislativa. Como diputado, Castro -en su primer día de sesión- promovió la destitución del fiscal general Raúl Melara y la designación de Rodolfo Delgado, como fiscal impuesto, quien desmanteló el Grupo Especial Antimafia, la unidad que investigaba el pacto del Gobierno con las pandillas y contratos bajo sospecha de corrupción durante la pandemia. Delgado también ejecutó la expulsión de la Cicíes de El Salvador. Cuando archivó estas investigaciones. Delgado y su madre habían recibido $45,000 en pagos de Etesal, la empresa que alimenta con bienes públicos a Coatl.
Entre los directores que acompañaron a Martinz en Blue Comm está José Ramón Sanfeliu Rivera, quien fue secretario de la sociedad entre mayo de 2017 y junio de 2017. Sanfeliu formaba parte de la Comisión Nacional Electoral del partido Arena en 2019 y es el dueño de Talleres Moldtrok. Es mencionado en la autobiografía del terrorista cubano Luis Posada Carriles, Los Caminos del Guerrero, como una de las personas que lo refugió en El Salvador en la década de 1980 y en artículos de prensa le atribuyen haberle presentado a Francisco Chávez Abarca, responsable de la colocación de bombas en sitios turísticos de La Habana en 1997. Martinz se asoció con Sanfeliu en la empresa panameña Vindobona International Corp en 2017, el mismo año en que el austríaco consiguió el acuerdo marco para el negocio de telecomunicaciones con Etesal.
El socio del Estado en el negocio de telecomunicaciones
El 15 de noviembre de 2017, el Gobierno, a través de la empresa estatal Etesal, acordó crear una empresa pública-privada para delegarle la instalación y administración de la infraestructura de fibra óptica, que es utilizada para la conectividad de internet en El Salvador.
José Roberto Trejo Barrera, quien era presidente de la empresa estatal Etesal, y el empresario austríaco Uwe Christian Martinz, representante legal de Blue Comm, firmaron el pacto para crear la sociedad.
Etesal suscribió el 25% de las acciones y cedió al socio privado elegido a dedo, Blue Comm, el 75% de las acciones de Coatl, según la escritura de constitución del 15 de noviembre de 2017.
Etesal es una empresa del Gobierno que, desde su creación en febrero de 1999, está a cargo de la operación y mantenimiento de líneas y subestaciones de alto voltaje para el transporte de energía eléctrica.
Etesal es una empresa estatal rentable y en 2017 manejó $425,695,745 en activos. Esta empresa estatal con un patrimonio millonario eligió como socio privado idóneo a Blue Comm, una empresa que, revisando sus estados financieros, no contaba con la capacidad financiera. La empresa Blue Comm está domiciliada en uno de los departamentos con menor desarrollo humano del país, Cuscatlán, y tras una década de existencia apenas administraba $56,000 en activos cuando fue seleccionada por los directivos de Etesal como socia para constituir Coatl.
Como presidente de Coatl, Uwe también solicitó el usufructo de bienes públicos. El 15 de marzo de 2018, Etesal suscribió un contrato con Coatl, y a través de ese mecanismo Martinz logró que Coatl recibiera el “derecho de usufructo a favor de Coatl, por el uso del cable de fibra óptica OPGW, bajo la premisa de formalizar un modelo de cooperación”.
El contrato menciona que Coatl tiene “derecho real de usufructo" y que se constituye por un plazo de 25 años. “El contrato puede ser prorrogable por mutuo acuerdo entre las partes contados a partir de la firma del contrato, quedando reservados cuatro hilos de fibra óptica del cable OPGW durante dicho periodo para uso exclusivo de Etesal”, dice el contrato.
La empresa mexicana Grupo Consultor Efe llevó a cabo un valúo del contrato y calcularon el EBITDA (los ingresos antes de impuestos e intereses) que va a producir la infraestructura de fibra óptica que Etesal cedió a Coatl. El valor del usufructo a favor de Coatl quedó tasado a 20 años por un monto de $57,098,344 y a valor presente a $23,370,423.
La empresa Coatl ha financiado su operación con préstamos. Tras la entrega del usufructo de la infraestructura de fibra óptica, Coatl solicitó créditos que suman $9 millones de dólares, con la empresa titularizadora Hencorp Becstone Capital.
Coatl es una empresa que ha ganado múltiples contratos con entidades públicas. Hasta el 31 de diciembre de 2020, reportaba en sus balances que estaba en proceso de cobro por servicios prestados a deudores: el proyecto El Chaparral le adeudaba, $381,116; Etesal, $1,552,046; el Hospital El Salvador, $290,210.
La empresa subcontratada para llevar internet a las escuelas
Coatl es la empresa a la que el Estado ha designado como responsable de garantizar la conectividad a internet de los 218 centros educativos públicos de El Salvador intervenidos por Fomilenio.
En 2020, el Fondo del Milenio II adjudicó un contrato a Etesal para el “Diseño, Equipamiento, Suministro e Instalación de Banda Ancha para la conectividad e internet de los Centros Educativos de intervención de Fomilenio II”.
El contrato de Fomilenio II adjudicado a Etesal está valorado en $4,389,160.
Etesal subcontrató a Coatl para llevar a cabo el proyecto y acordó pagarle a esta empresa $3,997,493, es decir, el 90% de los ingresos que iba a generar el contrato con Fomilenio II.
Coatl ha firmado convenios con la empresa estadounidense Caban Systems y con la empresa finlandesa Nokia, para llevar a cabo el proyecto de conectividad.
Aunque administra bienes públicos, los acuerdos de Coatl con estas empresas extranjeras para llevar a cabo el trabajo por el que fue contratado por Etesal no han sido públicos ni están disponibles para consulta, a pesar de que el Gobierno de El Salvador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a transparentar las operaciones de empresas en las que haya participación estatal, como parte de las condiciones del organismo financiero para hacer un préstamo de $1,300 millones al país.