Honduras va a elecciones en crisis y entre acusaciones de fraude
<p>Honduras celebrará elecciones este domingo 30 en medio de luchas internas en las instituciones electorales, casos exprés montados por el Ministerio Público controlado por el oficialismo contra autoridades electorales, acusaciones cruzadas de fraude entre los partidos y un estado de excepción que está por cumplir tres años de vigencia.</p>
Roman Gressier Yuliana Ramazzini
El pasado fin de semana en Honduras marcó el cierre de una campaña electoral llena de virulencia y acusaciones cruzadas de juego sucio, pero escasa en propuestas concretas.
Tres candidatos apuntan en las encuestas. Rixi Moncada, ex secretaria de Defensa y Finanzas y candidata del partido oficialista Libre, se autodenomina socialista democrática y promete un gobierno de continuidad y dureza contra “la oligarquía”. Salvador Nasralla, abanderado del Partido Liberal, que ganó en 2021 siendo vicepresidente de la actual presidenta Xiomara Castro, rompió luego con el gobierno y se convirtió en su antagonista. Ahora, Nasralla ha hecho una campaña de oposición con tonos de MAGA. También está el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional derrotado por Castro y Nasralla en 2021, que ahora se relanza con promesas de salvar a Honduras de una deriva izquierdista.
Las elecciones se celebrarán el domingo 30 de noviembre, por lo que comenzó una semana antes el período de silencio electoral. Las encuestas de las últimas semanas han dado diversas señales: la casa encuestadora internacional CID Gallup sitúa a Nasralla en primer lugar, con Moncada y Asfura a tres puntos de distancia. Una segunda encuesta de TResearch coloca a Moncada en cabeza, mientras que una tercera la deja en tercer lugar.
Polymarket, una importante plataforma de apuestas del mercado de predicciones que opera en Estados Unidos, muestra a Moncada y Nasralla empatados durante las dos últimas semanas de campaña, con Nasralla aventajando a Moncada por 53 frente a 36 por ciento el martes 25 por la mañana. Una encuesta de noviembre realizada por la asociación empresarial COHEP ilustró que Nasralla y Asfura tienen cada uno alrededor del 40 por ciento de los votos de los empresarios en diversas métricas, muy por delante del resto de los candidatos.
Hay, o había, otros dos presidenciables. Chano Rivera, un candidato presidencial que propuso la anexión a Estados Unidos, dio su apoyo a Nasralla en el cierre de campaña del Partido Liberal el pasado sábado. El quinto candidato, Nelson Ávila, es un fundador de Libre que ahora se presenta con el PINU-SD, el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata.
Lo que opaca esta carrera de caballos es que Honduras una vez más se enfrenta a una crisis de credibilidad en unas elecciones sin garantías. A días de la contienda presidencial, municipal y legislativa, Libre y la oposición siguen acusándose mutuamente de fraude, como han hecho durante todo el año. La fiscalía, controlada por Libre, ha presentado cargos contra los organismos electorales encabezados por la oposición. Además, sigue vigente un estado de excepción instalado desde 2022 que suspende derechos constitucionales en tres cuartos de los municipios del país, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, los dos centros poblacionales más importantes para el voto.
En los últimos meses, cada paso en falso ha sido motivo de acusaciones políticas o penales. Hace dos semanas, un simulacro de transmisión de datos electorales detectó problemas en los dispositivos de transmisión, y Libre respondió alegando que la oposición había manipulado los resultados. Moncada calificó la simulación de “total fracaso” y dijo a sus seguidores a principios de este mes: “No vamos a aceptar esa transmisión tramposa y fallida”.
Lo que la candidata oficialista no dice es que los resultados preliminares se comprueban mediante una revisión de papeletas en la que participan representantes de cada partido en los centros de votación. Sobre el simulacro, la oenegé Transparencia Electoral explica algo que tanto los partidos como el Consejo Nacional Electoral saben: “Su propósito no es mostrar un proceso perfecto, sino identificar los puntos vulnerables en los distintos componentes que intervienen en la jornada electoral, permitiendo a las autoridades corregir errores, ajustar procedimientos y fortalecer la confianza pública en el sistema”.
“Los resultados de un simulacro no deben interpretarse como un indicador de fracaso, sino como una herramienta diagnóstica para la mejora continua”, agregan.
En Honduras, las jornadas electorales suelen presentar problemas técnicos. Los apagones de electricidad y de internet son frecuentes y, en 2021, el CNE informó de un ciberataque por la tarde. Este año, los retrasos organizativos y de capacitación de observadores electorales y técnicos son otro factor: no fue hasta el 4 de noviembre cuando se adjudicó el contrato a la nueva empresa encargada de transportar el material electoral. A finales de octubre, se compraron los servicios de Starlink para cientos de centros de votación.
La religión y la política
El sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, o TREP, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, ya que Libre ha acusado a la oposición de planear un fraude en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que certifica los resultados.
El CNE tiene un consejo de tres personas con una presidencia rotativa que en septiembre pasó a manos del opositor Partido Liberal. Como muchas instituciones hondureñas, por diseño se concibió al CNE como ente técnico pero en la práctica se ha convertido en escenario de luchas partidarias. Los tres grandes partidos se repartieron el CNE a partes iguales con nombramientos políticos, llevando a constantes luchas, retraso y parálisis y alimentando los cuestionamientos sobre la seguridad electoral desde inicios de año.
Hace un mes, el consejero de Libre, Marlon Ochoa, presentó al Ministerio Público dos docenas de grabaciones de audio en las que, supuestamente, se oye a la consejera Cossette López, representante del Partido Nacional, hablando de un complot para desviar el recuento de votos de Libre, junto con un congresista de oposición y un miembro de las Fuerzas Armadas. López, por su parte, afirma que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial.
No es primera vez que Libre denuncia un fraude: se ventilaron acusaciones similares dentro del mismo partido en sus internas en marzo de este año. El 19 de noviembre, un grupo de investigación colombiano, PTC, se presentó ante la televisión hondureña como experto forense y declaró que los audios de López “son reales”. No está claro ni cómo el consejero Ochoa obtuvo los audios, ni por qué el Ministerio Público permitió que se transmitieran en televisión, siendo parte de una investigación en curso. Pero Manuel Zelaya, el esposo de Castro, hombre fuerte de su administración y coordinador fundador de Libre, admitió que la empresa PTC había acudido a Honduras por invitación y a cargo del partido oficial.
El CNE pasó meses regateando sobre qué grupos de sociedad civil pueden ser observadores. El medio digital Contracorriente informó sobre advertencias de que la observación podría politizarse. Mario Urquía, ex candidato legislativo y jefe regional de Libre en Colón, recientemente fue nombrado secretario ejecutivo del Foro de Convergencia Nacional (FONAC), una institución con más de 9000 observadores electorales, cifra alcanzada durante su mandato.
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En Honduras, donde la Iglesia es la institución que goza de mayor confianza en el país, cada acto de cierre de la campaña presidencial se celebró con una oración. En los últimos meses, la oposición ha marchado junto a las iglesias católica y evangélica a favor de la democracia, en medio de críticas al Gobierno de Xiomara Castro por su cercanía con el régimen nicaragüense, donde el clero es sujeto de vigilancia en misa, cárcel y exilio.
Tanto el Partido Nacional como el Liberal cerraron la campaña alertando de la posibilidad de represión policial y militar este domingo. Pero fue el Gobierno del Partido Nacional que desplegó las fuerzas de seguridad para reprimir a los que protestaban contra la reelección inconstitucional y sospechosa de fraude del presidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Un Congreso debilitado
Cuando Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de Honduras hace cuatro años, prometía respetar los derechos humanos y la democracia y poner fin a más de una década de “narcodictadura” del Partido Nacional. Pero el estado de excepción, una suspensión de derechos inspirada en El Salvador, cumplirá tres años en diciembre, y las acusaciones públicas de vínculos con el narcotráfico tocan cada vez más a su círculo cercano.
El 12 de noviembre, Castro ordenó que el estado de excepción se prorrogara otros 45 días, hasta mediados de febrero, después de la toma de posesión. El estado de excepción hondureño amplió el alcance de los operativos policiales y militares para combatir la extorsión, pero en la práctica provocó un aumento de denuncias de redadas ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Castro ignoró una carta enviada en julio por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, en la que le pedían revocar las medidas antes de las elecciones, para evitar la intimidación el día de las elecciones y proteger la participación electoral, la transparencia y el acceso de los observadores a los centros de votación en horarios diversos.
Las Fuerzas Armadas, desplegadas en el engranaje del estado de excepción, también tienen la tarea constitucional de garantizar la seguridad electoral. Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto y aliado de la presidenta Castro, pidió hace semanas que el Ejército recibiera copias de las “actas” o recuentos de votos. El CNE se negó, agravando la disputa entre el Ejército y el consejo electoral, los dos principales garantes del proceso, que estalló en las internas cuando el Ejército rompió la cadena de custodia de algunas cajas de votos transportadas en buses contratados por el CNE. Ahora, tras duras críticas contra su propuesta de que el Ejército monte un conteo paralelo y no autorizado, el general Hernández no ha vuelto a abordar la idea públicamente.
Un Congreso débil, en receso hasta enero, no ha podido controlar las medidas extraordinarias, que fueron extendidas únicamente por decreto ejecutivo. El abogado de derechos humanos Joaquín Mejía argumenta que la prórroga es inconstitucional.
El 1 de noviembre, el presidente oficialista del Congreso, Luis Redondo, nombró a una inusual comisión de receso, conocida como la “Comisión Permanente”, formada por nueve diputados. La controla Libre y sus aliados y su mandato, aunque aún no ha aclarado sus intenciones, es tomar decisiones en ausencia de quórum hasta que el Congreso vuelva el 20 de enero para la inauguración de la próxima sesión. Los diputados de oposición, por su parte, acusan al partido oficialista de convocar la Comisión Permanente como arma para el abuso de poder y ataques contra los representantes del Partido Nacional y Liberal en las instituciones electorales.
El precedente dejado por Libre no es alentador: cuando se instaló la última Comisión Permanente en 2023, el oficialismo la aprovechó para instalar de manera ilegal y unilateral a Johel Zelaya, leal a Libre, como fiscal general. Ahora, el fiscal Zelaya ha mostrado un interés singular en investigar a la oposición. Tras la ruptura de la cadena de custodia en las primarias, la fiscalía investigó al Consejo por el contrato de los buses, pero no al Ejército, dirigido por el oficialismo, y que dejó las cajas de votos sin custodio. Los supuestos crímenes por los que el Ministerio Público investiga a las dos consejeras de oposición, la presidenta liberal Ana Paola Hall y la consejera nacionalista Cossette López, incluyen traición a la patria.
Menos de un mes antes de las elecciones, las acusaciones penales llegaron a otra institución clave: el Tribunal Electoral de Justicia (TJE). El 13 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a dos magistrados por prevaricato judicial y la Fiscalía les acusó de permitir ilegalmente la inscripción de dos candidatos al Congreso, entre ellos Jorge Cálix, un destacado líder de oposición. Cálix fue precandidato presidencial para el Partido Liberal pero, tras su derrota por Salvador Nasralla, se presentó para una diputación en Olancho, zona ganadera de donde son oriundos los Castro-Zelaya.
La diplomacia de las cañoneras
La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea son las principales misiones de observación internacional. Rusia, un país sin elecciones libres, solicitó acreditarse como observador, pero el CNE lo vetó en octubre dos votos contra uno, con Libre votando a favor.
La OEA, que se reunió decenas de veces entre 2023 e inicios de 2024 para evitar un golpe electoral en Guatemala, ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la judicialización de las elecciones en Honduras, así como la fragilidad en general del proceso. “Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral”, escribió la Secretaría General el 11 de noviembre.
La administración Trump, que recortó los proyectos de USAID en Honduras, incluidos los relacionados con política electoral, también ha dado su opinión. “Ayer conversé con representantes clave del sector empresarial en Honduras y, para mi pesar, todos expresaron serias preocupaciones sobre la integridad de las próximas elecciones del 30 de noviembre”, anunció el subsecretario de Estado Christopher Landau el pasado sábado.
En una sorprendente apertura multilateral tras amagar con retirarse de la OEA este año, la administración Trump se unió a Antigua y Barbuda —anfitriona de la Asamblea General de 2025— y a Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay para convocar una reunión de emergencia del Consejo Permanente para el martes. El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Javier Bu Soto, voló a Washington para reunirse con la OEA y con altos cargos demócratas y republicanos de Asuntos Exteriores.
“Coincidimos en que el proceso debe mantenerse libre de interferencia y en el llamado a que todos los actores actúen con responsabilidad para asegurar una jornada pacífica y respetuosa de la voluntad popular”, escribió Bu.
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Tanto el Ejército hondureño como el partido y candidata oficialista han realizado gestiones conjuntas ante la administración Trump durante el último año para suavizar las tensiones provocadas por la breve amenaza de Castro de retirar la base aérea de Palmerola. La candidata del partido gobernante, Rixi Moncada, incluso viajó en abril a Puerto Rico para reunirse con el Ejército de Estados Unidos y hablar de cooperación.
Con la Fuerza Naval de los Estados Unidos desplegada cerca de Venezuela, un importante aliado regional de Honduras, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados se reunió el viernes para debatir sobre la “democracia en peligro” en Honduras. El principal demócrata del subcomité, Joaquín Castro de Texas, se quejó de que la administración se había negado a enviar a un representante para hablar ante la comisión sobre su política en Honduras.
La presidenta republicana, María Elvira Salazar de Florida, celebró el golpe de Estado de 2009 en Honduras, una herida abierta que sigue atravesando la política nacional: “Hace 16 años, los militares salvaron a su país del comunismo y hoy deben hacer lo mismo”, dijo la congresista, una ex presentadora de televisión conocida por sus posturas estridentes de derecha hacia América Latina.
En los últimos meses, el secretario de Estado Marco Rubio ordenó a la diplomacia estadounidense que no comentaran la “imparcialidad o integridad” de las elecciones extranjeras, rompiendo con décadas de precedentes. En su propio país, MAGA aún no ha reconocido la derrota de Trump en 2020.