Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los más reconocidos exfiscales antimafias de Guatemala, fue asesinado el sábado 17 de octubre. Ese mismo fin de semana, mientras cientos de personas lo velaban en la ciudad capital, las interrogantes sobre su muerte, así como sobre quienes llevan la investigación criminal, no hacían más que multiplicarse.
Su asesinato ocurrió alrededor de las 9:35 de la mañana, en una cancha sintética de fútbol en la Zona 5, en un área de la capital conocida por sus instalaciones militares y tiendas de armas cercanas. Al Campo Marte, un complejo deportivo a escasos metros de la Guardia de Honor del Ejército, llegó un grupo de al menos cuatro sicarios disfrazados de deportistas, vestidos con camisetas del F.C. Barcelona. Horas más tarde, en su primer informe de los hechos, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda —el jefe del Gabinete de Seguridad de Arévalo— dijo que no sabían cuántos hombres dispararon. Tampoco sabían cómo desaparecieron los asaltantes de un concurrido complejo deportivo, a plena luz del día.
Lo que sí sabían es que los atacantes dejaron más de 50 casquillos, cuyos calibres no han sido precisados por el Ministerio Público mientras avanza la investigación. Murieron dos hombres: Foppa, de 43 años, que recibió múltiples disparos en la cabeza y falleció en el instante. Según el ministro, Foppa estaba dirigiendo al equipo de fútbol desde el borde de la cancha y fue el único blanco del ataque. La otra persona asesinada fue Gustavo Aguilar, de 53 años, a quienes las autoridades definieron como una víctima colateral del atentado contra el exfiscal. Cinco personas más fueron heridas, incluyendo un menor de edad.
El ex fiscal tenía una escolta de la Policía Nacional Civil desde 2010, cuando investigaba organizaciones criminales como la pandilla Barrio 18. Pero cuando Villeda llegó a la cartera en noviembre de 2025, ordenó “aumentar” la seguridad de Foppa “con razón del perfil político que tenía en ese momento”, según explicó sin ofrecer más detalles. En el momento del ataque, los dos policías estaban “a unos 30 o 40 metros” del exfiscal, con el hijo menor de edad de éste. Según el ministro, los dos policías informaron que Foppa les había pedido, antes del ataque, quedarse a la par de su hijo. Las autoridades sabían lo evidente: que sus dos escoltas no pararon el asesinato, pero no sabían por qué.
Otra gran interrogante es la aparente falta de cámaras en la escena del crimen. Tanto el viceministro de Cultura Carlos Amézquita, responsable del Campo Marte, como Esvin Jacinto, subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), han dicho que el complejo deportivo no tiene cámaras dentro del recinto. Según reportó el periódico Prensa Libre, en julio de este año, el Ministerio de Cultura —a cargo de mantener el complejo deportivo— buscó sin éxito contratar la instalación de decenas de cámaras. El jueves 22 de octubre, tras el doble homicidio, lanzó una nueva convocatoria.
A lo largo de las últimas dos décadas, Foppa ocupó cargos públicos en los que se suele hacer enemigos. En sus años de fiscal, investigó a la Rueda —o cúpula— de la pandilla Barrio 18 en Guatemala y logró condenas contra dirigentes incluyendo a su máximo líder, Aldo Dupié, alias “Lobo”. Cuatro fuentes consultadas por El Faro para un reportaje en abril describieron al Lobo como un “sicópata” dado a resolver los conflictos con estridencia, a través de las balas.
En 2016, después de salir del Ministerio Público, Foppa dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria hasta 2018, donde persiguió casos de evasión fiscal como Aceros de Guatemala o Hotel Camino Real, que tocaron empresas grandes en Guatemala. En los últimos años, ocupaba sus redes sociales para denunciar la corrupción, el crimen organizado y sus nexos con actores políticos.
Foppa se convirtió en blanco de ataques judiciales durante la administración de la fiscal general Consuelo Porras (2018-2026). Fue condenado tres veces por supuestos delitos. Uno de esos casos tuvo relación con sus explícitos intereses de participación política, por supuestas irregularidades en la formación de un partido político, el Partido Ambientalista Guatemalteco (AGUA), del que era secretario general.
Otro caso surgió a raíz de los juicios contra el periodista Jose Rubén Zamora. Foppa, uno entre una decena de abogados defensores en el caso, fue presionado por el Ministerio Público y grupos como la Fundación Contra el Terrorismo y terminó aceptando cargos de obstrucción de la justicia. Dijo que aceptó los cargos porque no creía que recibiría un juicio justo y que debía “salir libre” del Sistema Penitenciario, donde corría riesgos por las condenas que él mismo había logrado como fiscal. Fue condenado a dos años de cárcel en el caso Zamora, aunque fueron conmutados, y fue inhabilitado para ejercer derecho durante cinco años.
Aun así, Foppa no había reportado amenazas recientes al Ministerio de Gobernación, de modo que, según el ministro Villeda, su muerte los tomó por sorpresa.
“El legado que deja Foppa es demostrar valentía, compromiso y convicción de justicia. Eso debe sostenerse incluso en los momentos más adversos”, dijo a El Faro el exfiscal exiliado Juan Francisco Sandoval. “En dos oportunidades le dije, ‘Tenés que salir de Guatemala’, pero no lo hizo”, agregó. “Sabía lo que eso (el exilio) implicaba y creo que todas las aspiraciones e ideas en las que él creía eran indisolubles de su presencia en Guatemala”, concluyó.
“Muchas veces lo dijo”, confirmó Andrea Villagrán, diputada de Raíces, una escisión del suspendido partido oficial, Semilla. “Decía que no se iba del país, que si lo iban a meter preso que él mismo se entregaría. Corría riesgo permanente de que lo mataran”, agregó.
La policía bajo sospecha
El mismo sábado, el ministro Villeda dijo que las autoridades estudiaban “el móvil y el alcance de este crimen”. La División Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil lleva la investigación junto con el Ministerio Público, que a su vez ha pedido “apoyo internacional”: según Prensa Libre, se trata del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. “No vamos a adelantar, en este momento, conclusiones, ni tampoco vamos a excluir ninguna hipótesis”, dijo Villeda.
Pero el primer gran revés para la investigación vino antes de que sepultaran a las víctimas, desde dentro de la Policía Nacional Civil.
El mismo sábado del ataque, policías de la Comisaría 13 arrestaron a dos sospechosos: los hermanos Rigoberto y Daniel Saqueo Choc Toz, de 30 y 18 años respectivamente. Son oriundos de San Antonio Senahú, Alta Verapaz, un pueblo de mayoría maya q’eqchi’. Según el ministro Villeda, el mayor de los hermanos Choc Toz fue soldado en el Comando Regional Central del Ejército de 2017 a 2019, cuando se dio de baja. El menor —según declaraciones a la prensa y la versión del Ministerio de Gobernación— habla poco español.
Pacoj sepulta a sus víctimas de la guerra
En las primeras horas después del crimen, que son medulares en cualquier investigación para dar con los culpables, los hermanos denunciaron ante los medios de comunicación que fueron detenidos en el Bulevar San Isidro de la Zona 16, a menos de 10 kilómetros del Campo Marte, mientras repartían comida para la aplicación PedidosYa. Según la Policía, la captura sucedió a las 9:50 de la mañana del sábado, alrededor de 15 minutos después del crimen. La Policía informó la incautación de una carabina, municiones 9 milímetros y un chaleco táctico.
Esta primera movida policial para mostrar un avance cayó en saco roto. Los hermanos Choc Toz no pasaron más del fin de semana bajo custodia.
Momentos después de su captura, la Policía difundió una imagen de los hermanos con miradas aterradas, acompañados de dos policías, en una camioneta de la Comisaría 13. Uno de los hermanos tenía puesta una chumpa oscura con el logo del Barcelona. Ya en el tribunal, los hermanos denunciaron que ellos estaban a punto de recoger un pedido de Subway, cuando fueron detenidos. Aseguraron que los policías plantaron el arma en su mochila de reparto, dañaron su teléfono —donde podría constatarse ese trabajo— y los obligaron a cambiarse de ropa. Horas más tarde, el domingo 18, un juez ordenó ponerlos en libertad por falta de mérito. Poco después, una página local en Facebook reportó que la alcaldía de San Antonio Senahú les ofreció trabajo y un estipendio para que ya no tuvieran que volver a Ciudad de Guatemala para ganarse la vida.
El sábado del crimen, desde la tarde hasta entrada la noche, decenas de repartidores de PedidosYa se concentraron frente a la Torre de Tribunales para protestar por la captura y solidarizarse con los hermanos. Cuando una jueza ordenó su libertad, en una celda del juzgado, frente a las cámaras, Rigoberto y Daniel Choc se echaron al suelo y lloraron.
“Esto es un tema que golpea la columna vertebral de credibilidad del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil y que debe ser resuelto cuanto antes”, dijo a El Faro Stu Velasco, ex subdirector de Investigación Criminal de la Policía. “En caso se confirme que hayan implantado el fusil de asalto, la pregunta es si el inspector y el agente de la Policía actuaron solos o si recibieron una instrucción, una orden de implantarlo y cuál fue el motivo: si existe o no una infiltración del crimen organizado que operó ahí”. Concluyó: “No existe el crimen perfecto, sino malas investigaciones”.
El Ministerio Público decidió que los hermanos eran inocentes, así que el ministro Villeda ordenó a la Inspectoría General de la Policía investigar al jefe de la Comisaría 13, Érick Aroldo Segura Túnchez, a dos otros mandos policiales y a los cuatro agentes captores. Todos fueron separados de sus cargos y reasignados a labores administrativas. Días después, interpelados por el Congreso, el miércoles 21, dirigentes de la Policía dijeron que los agentes rompieron la cadena de mando y llevaron a los hermanos Choc Toz a una subestación sin el conocimiento ni autorización de los superiores.
Las pandillas guatemaltecas mutan entre la política y el narcotráfico
El subdirector Jacinto descartó que hubiera operado un aparato clandestino dentro de la Policía, aunque, en una aparente contradicción, aseguró que “para cometer un asesinato de este tipo, creo que debe haber una estructura, porque es un tema planificado”. El jueves 22, el Ministerio Público realizó una “inspección” de la Dirección General de la Policía sobre la captura de los hermanos Choc Toz. Dos días antes, el Ministerio de Gobernación anunció su propia revisión “exhaustiva” de la corporación policial.
Durante el velorio de Foppa, el ministro Villeda dijo a la prensa que “muchas veces la Policía ha estado involucrada en actos reprochables. Yo no voy a encubrir a nadie”. Y prometió: “Cuando yo ya tenga evidencia clara de qué fue lo que pasó, cómo actuó la Policía, y tenga una conclusión basada en evidencia, no en suposiciones, claro que voy a tomar decisiones y claro que van a rodar cabezas”.
Todos los caminos están abiertos
Las cabezas ya comenzaron a rodar hace un año, a mediados de octubre de 2025. Antes de que cayera la guillotina, y fue Juan Francisco Solórzano Foppa quien afiló la cuchilla: reveló en sus redes sociales que 20 líderes del Barrio 18 se habían fugado de la cárcel Fraijanes II hacía dos meses y que el Gobierno de Arévalo no lo había revelado al público. Acusó a líderes de la Policía y del Sistema Penitenciario de haberlos ayudado a fugarse.
De ahí una de las hipótesis: que la muerte de Foppa está vinculada a sus denuncias contra el Barrio 18. También señaló en redes sociales una disputa por el control del narcomenudeo entre esta pandilla, la rival Mara Salvatrucha-13 y los Caradura, un grupo de narcotraficantes concentrado en Ciudad de Guatemala. Días antes de su muerte, acusó a “mercenarios de la CIA” de haber perpetrado una masacre en el pueblo rural de Huité, Zacapa, con la posible complicidad del Ejército de Guatemala. Es decir, Foppa tenía muchos frentes abiertos.
Tras su denuncia el año pasado de un supuesto contubernio entre altos funcionarios y líderes del Barrio 18, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, renunció y dejó el país prófugo de la justicia, así que Arévalo nombró en su lugar al actual ministro Villeda, un reconocido juez antimafias que atendió casos litigados por Foppa en sus días como juez. Arévalo insinuó —sin proveer evidencia— que la ex primera dama y contrincante presidencial, Sandra Torres, había orquestado los motines para desestabilizar a su Gobierno. Torres negó cualquier vínculo con la pandilla y acusó al presidente de atentar contra su seguridad.
Desde antes de la revelación de Foppa había indicios de alerta. La más evidente fue la detención de María Marta Castañeda Torres —una conocida sobrina de Sandra Torres y la pareja sentimental de Lobo— el 27 de agosto de 2025 en Antigua Guatemala, bajo cargos de asesinato y asociación ilícita. Una semana después, un sicario mató a su abogado defensor mientras se desplazaba en moto en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Torres también se ha desmarcado de su sobrina.
A inicios de este año, tras la llegada de Villeda a Gobernación, el Barrio 18 lo puso a prueba.
En enero de 2026, la pandilla lanzó tres motines en las cárceles y mató a nueve policías. Arévalo envió a las Fuerzas Especiales de la Policía a retomar el control carcelario. Según el relato oficial, sin muertos. “No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, dijo el presidente en cadena nacional, desmintiendo entre líneas la versión de Foppa de que funcionarios de su Gobierno hubieran apoyado la fuga. Instauró un estado de sitio durante 30 días sin posibilidad de prórroga. Desde febrero hasta mediados de mayo, lo redujo a un estado de prevención, focalizado en cinco departamentos fronterizos o con cárceles.
En medio de la crisis, Arévalo individualizó al Barrio 18 como una de las estructuras que buscaron asesinarlo en 2023, en plena campaña. Estas amenazas le valieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que para la vicepresidenta Karin Herrera. Si bien el Ministerio Público confirmó el complot contra el binomio, la entonces fiscal general Consuelo Porras no anunció públicamente ningún avance en esta investigación.
Tras ocho años en el cargo, que le valieron sanciones por corrupción de decenas de países, Porras entregó el puesto a mediados de mayo y asumió el nuevo fiscal, Gabriel García Luna.
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Entra Estados Unidos. La salida de Porras del Ministerio Público marcó un parteaguas para la cooperación entre Guatemala y el Departamento de Justicia (DOJ).
La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del FBI llegó a Guatemala en noviembre de 2025 para ayudar a localizar a los dieciocheros prófugos. Pero, al menos según la versión del ministro de Gobernación nombrado por Arévalo, Vulcan se fue temprano porque la oficina de la ex fiscal Porras no colaboraba. En junio de este año, Villeda y el nuevo fiscal García Luna pasaron la página: viajaron a Washington y se reunieron con el DOJ.
Los guatemaltecos lograron su cometido. Cuatro días después, Villeda anunció que Vulcan volvería en julio. Y el cortejo fue mutuo: en septiembre aterrizaron en Guatemala, en una visita “sin precedentes”, más de una docena de fiscales de cinco estados, además de altos dirigentes del DOJ, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representantes de la DEA, FBI y de las Fuerzas de Tarea Alpha y Vulcan.
El mensaje fue claro. Se reunieron con Arévalo, Villeda y García Luna. Entre sus objetivos: “construir casos para litigar en cortes estadounidenses”. O sea, extradiciones.
Para ese momento, tanto desde el código penal como desde las narrativas, otras piezas de cooperación ya habían caído en su lugar. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado designó al Barrio 18 como una Organización Terrorista Extranjera (FTO). Dos días después de la revelación del escape, Guatemala también: el Congreso declaró “terroristas” a las pandillas del país y aumentó las penas por extorsión.
En el plano militar han tratado de ser más discretos. Guatemala sí forma parte de la Coalición Contra los Cárteles articulada por el gobierno de Donald Trump, enfocada en la parte operativa-militar de la lucha contra el narcotráfico. Pero no se ha unido al Escudo de las Américas, la parte política dirigida por la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. Mientras que el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ha afirmado que Guatemala y Estados Unidos están llevando a cabo “operaciones conjuntas” en suelo guatemalteco, Arévalo únicamente ha concedido que soldados estadounidenses están llevando a cabo “capacitaciones”.
En un video publicado por Foppa dos días antes de su muerte, acusó a “mercenarios de la CIA” de haber perpetrado, a finales de septiembre, una masacre de ocho personas en Huité, un pueblo rural en Zacapa, a medio camino entre la capital y la frontera con Honduras. Dijo que habrían salido de una base militar de Estados Unidos en el país vecino. “¿Quién tiene la capacidad de tener dos helicópteros rondando en una operación clandestina 100 % y que, además, haya tenido hasta cierto punto la complicidad del Ejército?” cuestionó. “Esto solo lo puede hacer una agencia extranjera de Estados Unidos”.
Aunque no proporcionó evidencia que lo sustentara más que su propio “análisis”, la intervención de Foppa en redes dejó huella en la conversación —más bien especulación rampante— sobre el crimen. Una de las hipótesis formuladas por la Policía es que los asesinos, quienes quiera que hayan sido, llegaron en busca de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”, requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
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En Guatemala, el último proceso electoral de 2023 fue atropellado por decir poco. Corrió grave peligro durante meses a la sombra de actores corruptos que buscaban anular el resultado, además de amenazas del crimen organizado. Ahora, las elecciones del próximo año están agendadas para el 27 de junio, con una posible segunda vuelta presidencial el 22 de agosto.
“No podemos ignorar que, no es que estemos en un año preelectoral, sino que prácticamente ya estamos en un año electoral”, observó el ministro de Gobernación. “Normalmente en Guatemala, en un año electoral los actos de violencia se elevan”, continuó. “Si esto (el asesinato de Foppa) es parte de un plan deliberado para generar zozobra, alarma y desgaste al Gobierno, es una situación que todavía tenemos que investigar”.
“Este impacto también es una amenaza directa para las personas que denuncian delitos, corrupción y narcopolítica”, dijo Velasco, el exsubdirector de la Policía. “Estamos ante una operación del crimen organizado a un alto nivel de planificación, capacidad y respaldo operativo, que es propio de las estructuras criminales más fuertes que operan en el país y que se vieron afectadas por las denuncias que el licenciado Foppa había pronunciado”, comentó.
“Es imprescindible utilizar todo el apoyo nacional o extranjero en tecnología y capacidades humanas que puedan agilizar el proceso de investigación y recuperar las veinticuatro horas de investigación que se perdieron” entre la captura y liberación de los hermanos Choc Toz, agregó. “Es un reto para el nuevo fiscal general Luna, que pone a prueba su capacidad de dirección y, sobre todo, su autonomía”, dijo.
Cuatro horas después de su muerte, la Embajada de Estados Unidos condenó en redes “el atroz asesinato” de Foppa, describiéndolo como un “firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”. “Esperamos una investigación completa y transparente que permita esclarecer los hechos”, se lee en la cuenta de la Embajada.
CACIF, la conservadora asociación empresarial guatemalteca, también repudió los asesinatos. “La violencia no tiene cabida en una sociedad que aspira a vivir en paz y bajo el Estado de Derecho”, escribieron el sábado en un comunicado.
Una larga cola de posibles aspirantes a la presidencia en junio de 2027 también se pronunciaron. Entre ellos el partido UNE, dirigido por Sandra Torres, pidió “mano dura contra el crimen y justicia sin impunidad”. Zury Ríos, otra contrincante presidencial en 2023, declaró que “tocamos fondo: la inseguridad, criminalidad y violencia en Guatemala está fuera de control”.
Algunos enemigos declarados de Foppa también opinaron. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, escribió que su organización “lamenta la pérdida de vidas humanas, sean quienes sean las víctimas”. También tildó de “cuento chino” que la muerte de Foppa haya sido un “asesinato político”.
El tío de Foppa y vocero de la familia, Julio, rechazó este diluvio de pronunciamientos. “Resulta terrible y triste y condenable que haya quienes quieran utilizar el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa para llevar agua a sus molinos, para beneficiarse políticamente, para acusar a otros”, dijo. Infunden miedo, agregó, “para que no regresen los exiliados, para que no actúen las personas comprometidas”.
Una familia acechada por la muerte
“No sólo es un atentado contra su vida”, declaró a la prensa, dos días después del asesinato, Julio Solórzano Foppa, tío materno de Juan Francisco, en el segundo piso de una funeraria barroca, con paneles de madera, ubicada en la Zona 9. “Esas cosas tienen otros propósitos y ciertamente otros impactos: generar miedo, generar desconfianza, desestabilizar al país”, dijo.
“La familia Solórzano Foppa ha sufrido terribles pérdidas por la violencia”, agregó. Entre ellos, la abuela del exfiscal, la poeta feminista Alaíde Foppa, fue secuestrada y desaparecida en 1980 en Ciudad de Guatemala. Su padre —el comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como “Camilo”— murió en combate en Quiché, en 1983. Su madre, Silvia Solórzano Foppa, también revolucionaria, dio a luz a Juan Francisco en Nicaragua y lo crió en el exilio en Cuba.
El lunes 19 de octubre, Silvia Foppa y un puñado de familiares y amigos íntimos recibieron a decenas de personas en su velorio. Empezó temprano y, cerca del mediodía, cuando el presidente Bernardo Arévalo hizo una parada fugaz por la funeraria, se llenó a más no poder. Durante toda la mañana sonaron en bucle las crónicas urbanas de Rubén Blades. El presidente había denunciado el sábado su “cobarde asesinato” y prometió dar con los responsables.
A los 18 años, Foppa entró al Cuerpo Benemérito de los Bomberos Municipales. Así que sus antiguos compañeros ayudaron a vestir dos altares en la casa funeraria: uno para la familia —con una camiseta del Barcelona— y otro en una sala contigua para contener a la prensa. En la tradición de despedir a los suyos, los bomberos marcharon en fila por el pasillo con uniformes y cascos rojos para dejar una corona fúnebre con la familia. Una delegación de la Policía Municipal de Mixco dijo a El Faro que Foppa fue asesor de seguridad en ese municipio, en las afueras de la capital.
También acudieron múltiples diputados de Raíces. En una ciudad donde el fútbol se disputa entre gremios y amistades, Foppa jugaba con algunos diputados y militantes del partido. En 2023, buscó ser candidato a alcalde de Ciudad de Guatemala por el partido Semilla, pero el Tribunal Supremo Electoral —manchado ese año por sus cuestionadas exclusiones de candidaturas de alto perfil— rechazó su inscripción.
Villagrán, la diputada de Raíces, lo conoció hace más de una década, en medio de las protestas masivas que sacudieron Guatemala en 2015, llevando a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Foppa, como titular de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, ayudó a atar los cabos del caso de defraudación aduanera masiva que dinamitó a ese Gobierno: La Línea. Al año siguiente, en 2016, dejó el Ministerio Público para convertirse en director de la Superintendencia Tributaria.
“Fuimos cercanos desde ese momento”, recordó Villagrán en una conversación con El Faro en el velorio. A lo largo de los años, Foppa “siempre buscaba la forma de tener presencia en la política y tener mayor incidencia. En mi caso, desde el Congreso siempre intercambiamos mucha información”, dijo.
A la misma hora, en el primer piso de la misma casa funeraria, familiares se despedían de la segunda víctima del ataque armado y se alistaban para trasladarlo al cementerio: Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, un deportista de 53 años, instructor en la Federación de Judo, descrito por el ministro Villeda como una “víctima colateral”. Según los investigadores, un disparo en el pecho derecho tocó su arteria aorta. Se desmayó y murió sobre la grama.
Llevaron su cuerpo a un discreto sepelio en la ciudad, custodiados por un pequeño contingente policial en el cementerio. Dos de sus cuñados dijeron a El Faro que la familia confía en los primeros hallazgos y rechazaron la versión de que Aguilar se hubiera resistido frente a los asesinos. Se desconectaron de las redes, agobiados por tantas menciones de su familiar. Aguilar, dijeron, era un deportista más, un padre de familia alejado del crimen organizado y de la política. Su pérdida, un relámpago trágico.
Honras fúnebres en la plaza
Guatemala se despidió de un exfiscal acribillado por asesinos aún desconocidos, nacido en el exilio de una familia revolucionaria, el martes 20 de octubre, el Día de la Revolución.
Por la mañana, la Plaza de la Constitución —también conocida como la Plaza de las Niñas, en memoria de las víctimas del Hogar Seguro— se llenó de paraguas en frente del Palacio Nacional de la Cultura. Cientos de personas desfilaron por el Centro Histórico con claveles rojos y pancartas con las caras de sus mártires.
Entre ellos, un rostro nuevo: Foppa, en compañía de otros como Oliverio Castañeda de León, un líder estudiantil de la pública Universidad de San Carlos. Fue asesinado a pocos metros de la plaza exactamente 48 años antes, un 20 de octubre revolucionario de 1978, a la puerta de los años más represivos del conflicto armado interno.
Los grupos presentes, entre ellos militantes históricos de izquierda, asociaciones campesinas y buscadores de desaparecidos, hicieron suya la memoria de Foppa. Se congregaron alrededor de una ceremonia maya, con velas, incienso y una concha que sonaba. “Foppa vive, la lucha sigue”, corearon. Una señora mayor de edad se acercó conmovida, con dos largas velas blancas ya encendidas entre sus dedos, abriendo brecha entre la gente para dejarlas al pie de la fogata.
Llegaron los bomberos con su ataúd al sonido de los tambores. Fue su última parada antes de seguir al cementerio. Silvia Solórzano Foppa hizo su primera declaración pública tras el velorio.
“Juan Francisco nos ha representado con letras mayúsculas”, dijo. “30 años de los Acuerdos de Paz no son poca cosa. No habríamos tenido la ceremonia y el acompañamiento de nuestros dirigentes y autoridades mayas como el día de hoy hace 30 años. Tenían que estar escondidos en las montañas. Sí hemos avanzado y sí hemos conquistado, pero falta mucho por caminar”.
Se fue minutos después, alzando la bandera del frente guerrillero URNG por la ventana del carro. Los compañeros bomberos de Foppa fueron por delante, todavía recibiendo unos últimos ramos de flores de la multitud.