Arevalo acusa al Barrio 18 de conspirar para asesinarlo en campaña

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En rueda de prensa este miércoles por la mañana, el presidente Bernardo Arévalo informó sobre los primeros resultados del estado de sitio, declarado el pasado domingo 18, que autoriza a policías y militares a saltarse las órdenes judiciales en una lucha contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha-13. Dijo que han arrestado a 293 personas, entre ellas 23 pandilleros, además de decomisar decenas de armas y vehículos.

Desde el lunes 19 por la noche, Guatemala está bajo estado de sitio. El domingo temprano, el Barrio 18 había lanzado motines en tres cárceles del país, tomando como rehenes a sus custodios y asesinando a diez policías en la calle. El Gobierno dice haber retomado el “control total” de los recintos y ha declarado luto nacional. Las autoridades mantienen que ningún privado de libertad murió cuando las Fuerzas Especiales de la Policía retomaron las cárceles, pero admiten que un pandillero fue “abatido” tras la suspensión de garantías constitucionales.

Arévalo ha vinculado la crisis de seguridad a la arena política. En cadena nacional el domingo, acusó a “estructuras políticas desestabilizadoras” de orquestar el atentado del Barrio 18 e hizo referencia a que “las torres de corrupción en impunidad (...) están cayendo” en Guatemala.

Al día siguiente, el prominente diputado Samuel Pérez, de Raíces —una facción de Semilla, el cancelado partido oficial—, acusó a la bancada de la UNE, liderada por la presidenciable opositora Sandra Torres, de ser “los verdaderos líderes de esta estructura terrorista”, algo que la UNE niega. Un reportaje en ePInvestiga señala que la sobrina de Torres, María Marta Castañeda Torres, está casada con el líder pandillero Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, la cara más visible del Barrio 18 en su enfrentamiento con el Gobierno de Arévalo.

El miércoles, en su siguiente rueda de prensa, Arévalo bajó el tono. “Yo no tengo, en este momento, pruebas que me permitan utilizar ningún nombre”, respondió ante una pregunta de El Faro para aclarar su acusación. Continuó: “No estoy refiriéndome a nadie en específico, sino a un fenómeno que caracteriza este estado cooptado por las estructuras criminales”.

Dos complots de magnicidio

Arévalo también individualizó al Barrio 18 como uno de los grupos que lo amenazó de muerte hace dos años y medio: “La colusión entre estos grupos criminales, como las maras, y actores con intereses políticos, nosotros lo conocemos desde el momento en que, en la segunda vuelta, una fiscalía del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, en la que el Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.

El 24 de agosto de 2023, cuatro días después de la segunda vuelta presidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para exigir al Estado guatemalteco proteger las vidas de Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera.

La Comisión citó dos conspiraciones de magnicidio en su contra: la primera desde antes de la segunda vuelta, llamado el “Plan Colosio”, atribuido a “agentes estatales e individuos particulares”. El binomio recibió la información de “fuentes de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad”. La segunda llegó tras el resultado el 20 de agosto. La Fiscalía contra la Extorsión les informó que provenía de “estructuras criminales de pandillas”.

Ni Arévalo ni la Comisión dijeron en 2023 si, en este segundo caso, por “pandillas” se referían al Barrio 18 o a la MS-13. Esa noche, desde el Hotel Las Américas, en la Zona 14 de la capital, Arévalo y Herrera se dirigieron a cientos de personas al aire libre. Tras las medidas cautelares, el Ministerio Público (MP) de Guatemala confirmó la amenaza contra el binomio.

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Este lunes, el MP presentó cargos de portación ilegal de un arma de fuego y fomento a la drogadicción contra uno de los pandilleros detenidos este fin de semana. Arévalo tildó de “vergonzoso y altamente sospechoso” que los fiscales no lo hayan imputado por asesinato, a pesar de tener envidencia vinculándolo a los ataques contra policías.

En una entrevista con CNN en Español tras cerrar la conferencia de prensa, Arévalo repitió que el Barrio 18 lo había amenazado de muerte. “Desde entonces (2023), por supuesto, esa denuncia, esa investigación, no ha avanzado”, dijo.

Gobierno señala “negociaciones” viejas

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, las decenas de custodios tomados como rehenes en Renovación I, el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18 y Fraijanes II ya habían sido advertidos de la amenaza antes de que sucediera. “No podemos hacer una estrategia de seguridad en las calles sin el control de las cárceles”, reiteró el miércoles.

El ministro acusó a “gobiernos anteriores” de ceder “privilegios” en las cárceles a las pandillas, como aire acondicionado, “camas king-size” y visitas sin controles, mientras que el presidente repitió su acusación de que el Barrio 18 lanzó los recientes amotinamientos para tratar de “forzar una negociación” sobre estas concesiones.

Preguntado por este periódico sobre los 23 pandilleros capturados, el ministro Villeda se negó a identificarlos ni describir su nivel de liderazgo, pero respondió que pertenecen a ambas pandillas.

El Gobierno dice que descarta la extradición del Lobo, líder del Barrio 18 capturado durante la retoma de cárceles. “No tenemos ninguna solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para que esta persona sea extraditada, ni tampoco hemos tenido un ofrecimiento formal de parte de ningún país”, dijo Villeda. “Este problema es nuestro y nosotros lo tenemos que resolver”, agregó. “Por eso estamos en este proceso de construcción de nuevas cárceles”.

Según el Gobierno, las cárceles están hacinadas en un 340 %, por lo que planea construir dos nuevas cárceles. En diciembre, la Corte de Constitucionalidad suspendió la entrada en vigor del presupuesto anual, frenando de paso los proyectos de construcción.

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Villeda acusó a administraciones previas de no haber instalado antes un estado de excepción contra las pandillas por cuestiones de “réditos políticos” y Arévalo precisó que no ha tenido “contactos de alto nivel” al respecto con el Gobierno de Trump, que ha enviado a Guatemala a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una unidad interinstitucional que reúne a dependencias como el Buró de Investigaciones Federales (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Ellos (la administración Trump) están observando la manera en que estamos llevando a cabo la operación”, explicó el presidente.