Víctor Manuel no tenía tatuajes. Víctor Manuel no tenía antecedentes de delitos relacionados con pandillas y su nombre tampoco aparece relacionado con esos grupos delictivos en ningún documento o informe de inteligencia de la filtración Guacamaya Leaks, que comprende 10 millones de correos electrónicos de la Policía y 250 mil de la Fuerza Armada. Pese a la inexistencia de vínculos con las pandillas, la Policía lo sacó de su casa el 14 de julio de 2022 y lo encarceló como pandillero en el penal de Izalco. Nunca regresó.
A la familia nunca le informaron qué delito cometió durante el régimen de excepción y lo que siguió a su captura fue una incomunicación total. La poca información que obtuvieron fue que para finales de 2022, Víctor Manuel padecía una enfermedad no detallada por las autoridades y estaba en recuperación en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, en La Paz. En menos de cuatro meses, Víctor Manuel, que no padecía ninguna enfermedad antes de su arresto, enfermó en las hacinadas cárceles salvadoreñas.
El 20 de diciembre de 2022, la familia contrató un abogado para solicitar una audiencia de revisión de medidas ante el Juzgado Especializado de Instrucción A-Dos de Santa Ana, con la esperanza de que al enfermo se le concediera libertad condicional. Para demostrar que Víctor Manuel merecía ese beneficio porque era trabajador y no pandillero, la familia presentó un legajo de documentos entre los que estaban: los recibos de luz eléctrica y agua potable que pagaba mensualmente, la escritura de compra-venta de un inmueble a su nombre, los recibos de pago de un préstamo que tenía con la sociedad First Cash SV, y facturas de una ferretería donde compraba hierro y materiales de uso mecánico para su trabajo diario.
El sistema judicial no le concedió el arresto domiciliario. Al contrario, después de permanecer unos meses en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, el detenido fue enviado de nuevo al penal de Izalco, uno de los centros de tortura, según testimonios recopilados por El Faro y múltiples informes de organizaciones de derechos humanos.
Víctor Manuel murió a las 10:00 de la mañana del seis de octubre de 2024 y Centros Penales siguió ocultando información, incluso después de su muerte. Después que la funeraria adelantó información a la familia sobre la muerte de Victor Manuel, ellos viajaron al penal de Izalco para confirmar esa situación, pero custodios de ese penal les dijeron que seguía con vida.
—Él le dijo: "aquí está", le dijo. Él no ha muerto, le dijo. Entonces no le pusieron atención.
Inconformes con la respuesta de los custodios del penal de Izalco, los familiares buscaron información en otras instituciones, hasta que finalmente confirmaron que el cadáver estaba en la morgue del hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate. Ahí la familia recibió un cadáver con los labios cosidos, con una herida en el estómago producto de una operación médica que nunca les fue informada.
La familia recibió una esquela de Medicina Legal que escuetamente consigna que Víctor Manuel murió por un edema pulmonar, como dice en decenas de autopsias más de los cadáveres que salen de las cárceles.
Su familia no sabe por qué lo capturaron, por cuál delito lo procesaron en los tribunales. No saben de qué enfermó en el penal de Izalco, ni por qué lo operaron en un hospital.
—Y como ahí no se sabe nada, hacen lo que hacen y ahí nada, nada que ver hasta el día de hoy.
La esposa de Víctor Manuel es originaria de un municipio en el norte de Chalatenango, donde sufrió la guerra civil salvadoreña. De niña vivió como refugiada en una escuela, luego sufrió el desplazamiento forzado por los horrores de la guerra en la década de los ochenta, pero considera que la matonería del Estado y el dolor por la muerte de su esposo han sido peores que el sufrimiento que vivió durante el conflicto armado. Y así como ahora hay militares procesados y cuestionados por crímenes de guerra, guarda la esperanza que en un futuro la justicia alcanzará a los que ahora protagonizan atrocidades, bajo el amparo del régimen de excepción.