El expediente del Seguro Social dice que “tiene barras HASH en la columna” y “un traumatismo a nivel de T12 y en múltiples ocasiones ha consultado por diversos dolores en la zona lumbar”. Pese a los terribles dolores y la necesidad diaria de medicinas (codeína, ampicilina y gabapentina), Juan Carlos siguió trabajando como auxiliar veterinario hasta 2013, cuando la empresa cerró. Entonces, montó un refugio de perros en su casa, algo que le permitió proyectarse y ganar clientes para atender animales en la zona donde vive con su esposa y sus dos hijas menores de edad.
El 10 de enero de 2024, los policías Joel Alfonso Rivera Hernández y Guillermo Alfonso Linares Osorio le dijeron que necesitaban verificar unos datos del vehículo de su esposa y lo subieron a una patrulla policial. Ya en la delegación aparecieron pruebas de sus nexos con las pandillas como por arte de magia: primero, le dijeron que el sistema 123 registró en noviembre de 2023 una llamada anónima que lo acusaba de extorsionar y amenazar a negociantes de la colonia. Al siguiente día, apareció una ficha policial que lo etiquetaba como miembro activo de la pandilla Barrio 18, en la categoría de “homeboy”.
“Tiene procesos abiertos por extorsionar, al menos cuatro víctimas lo denunciaron (...) Desde hoy, las familias estarán tranquilas y este homeboy pagará por sus delitos”, consigna un tuit de la cuenta oficial de la Policía en la red social X. La Policía mintió. Juan Carlos no tenía casos pendientes por extorsión y, luego de su captura, tampoco fue procesado por ese delito. Las autoridades usaron información falsa para justificar el arresto, como en otros casos documentados por este periódico. El albañil José Alfredo Grande Martínez fue acusado falsamente por el Ministro de Seguridad Gustavo Villatoro de colaborar con una pandilla; al rapero Nelson Vladimir Hernández Tobar, una ficha policial lo convirtió en pandillero de la noche a la mañana. La base del régimen de excepción son capturas sin investigación, basadas en criterios ambiguos de la Policía.
Juan Carlos suplicó a la Policía y al Juez Uno del Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana que no lo enviaran a un penal por su delicada condición de salud, pero nadie le escuchó. El juzgado pidió un informe al Seguro Social, pero se equivocó de correo electrónico. Por este error, Juan Carlos estuvo encarcelado en el penal de Izalco desde febrero hasta junio de 2024.
Esta es la historia de cómo el régimen de excepción maltrató a un discapacitado. Esta es la historia paradójica de cómo alguien que sufrió el desplazamiento forzado de las pandillas hoy es acusado de formar parte de las pandillas. Esta es la historia de un hombre que entró al penal de Izalco con problemas para caminar, pero que al salir acumulaba otras enfermedades que no padecía antes de su arresto: diabetes, problemas cardíacos y gástricos, escabiosis y una infección con la bacteria Estafilococo Dorado, por la cual casi le amputan el pie izquierdo.