Es una vieja artimaña de quienes saben obrar mal: si te agarran en la movida, voltea el dedo acusador hacia quienes te denuncian.
Las nuevas amenazas contra el periodista peruano Gustavo Gorriti solo tienen, de novedoso, las acciones concretas: la recomendación de una comisión del congreso de criminalizarlos, por haber investigado y publicado las componendas locales del caso Odebrecht, conocido como Lava Jato. Esto es lo nuevo, la recomendación. Pero por absurdas y viciadas que sean estas acusaciones, ni los acusadores, ni los acusados, pasan por estas aguas por primera vez.
Gorriti, fundador y director de IDL Reporteros, es uno de los más prestigiosos periodistas investigativos de América Latina. Recientemente reconocido como Héroe Mundial de la Libertad de Prensa por el International Press Institute, lleva más de media vida investigando corrupción y enfrentando las consecuencias de su periodismo riguroso, valiente y efectivo.
Su resistencia y su compromiso con el oficio son legendarios. Ni siquiera su secuestro y casi desaparición por un comando bajo las órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori lo silenciaron. Por el contrario, este crimen formó parte de las imputaciones contra Fujimori, por las que fue encontrado culpable y sentenciado a 25 años de prisión.
Gorriti investigó, junto a su jefa de redacción Romina Mella y el equipo de IDL Reporteros, los negocios de la constructora brasileña Odebrecht en Perú y encontraron, como esperaban, un esquema de corrupción en los contratos otorgados por el gobierno peruano que salpicaba a buena parte de la clase política de ese país, entre ellos el círculo cercano del entonces presidente Alan García y la congresista y actual presidenta electa Keiko Fujimori. Gorriti ha tenido que protegerse de la presencia de turbas frente a su casa y sus oficinas. Mella ha sido objeto de una campañas de desprestigio por parte de una red vinculada a actos de corrupción que destacan por su bajezas.
El Congreso, controlado desde hace más de una década por la hija de Fujimori, se sintió particularmente afectado por las investigaciones de IDL-Reporteros. Ese Congreso ha sido la fortaleza de Keiko Fujimori y sus aliados, que secuestraron el poder político en Perú desde hace más de una década; y desde allí han puesto y quitado a presidentes al extremo que, dentro de pocos días, Keiko Fujimori se convertirá en la novena presidenta de Perú en los últimos diez años. Con ella, el centro del poder peruano se trasladará del Legislativo al Ejecutivo.
Antes del cambio de gobierno, los diputados aliados al proyecto fujimorista buscaron incriminar a Gorriti. Lo acusan de falsedad ideológica y tráfico de influencias; en resumen: de haber sobornado a fiscales especiales para que le proporcionaran información del caso Odebrecht y de dirigir a la fiscalía en estas investigaciones.
La comisión que solicita criminalizar al periodista es presidida por el diputado Alejandro Muñante, miembro de Renovación Popular, un partido investigado también por el caso Odebrecht. El líder de Renovación Popular es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien desató una campaña de insultos y agresiones contra Gorriti y llegó a pedir públicamente su muerte.
En 2024, el Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística publicó un extenso reportaje sobre el origen y la estructura detrás de los ataques contra Gorriti, Mella e IDL Reporteros. La investigación encontró la existencia de diversos grupos y actores (los grupos de Keiko Fujimori y de López Aliaga; y empresarios como Erasmo Wong, propietario de una televisora abierta llamada Willax y también mencionado en las investigaciones de corrupción de IDL) que actúan de manera coordinada para atacar a los periodistas.
Según la investigación de CLIP, las campañas de falsedades y mentiras inician en los programas de Willax, reproducidos y amplificados por otros medios aliados al fujimorismo y ejércitos de troles en redes sociales; a lo que siguen exigencias de voceros políticos a fiscales y jueces para que investiguen a IDL Reporteros. Entre estas campañas de linchamiento han estado la movilización de turbas a protestar a las oficinas de IDL Reporteros y a la casa de Gorriti.
El detonante de la persecución contra Gorriti fueron las declaraciones de un ex asesor de la fiscalía llamado Jaime Villanueva. Capturado durante un operativo contra una red de corrupción en la fiscalía, Villanueva se ofreció como colaborador a cambio de beneficios, y fue él quien acusó a Gorriti y a otros fiscales de conspirar contra Keiko Fujimori y sus aliados políticos. Sus declaraciones no se sustentaron con evidencia alguna y han sido ya demostradas como falsas, pero causaron un escándalo de tal magnitud que permitió a los involucrados en el esquema de corrupción de Odebrecht declararse víctimas de una investigación amañada.
Esas declaraciones han sido también la base de las conclusiones de la comisión Muñante, que pide hoy la criminalización de Gorriti y los fiscales especiales del caso Odebrecht.
La reputación de Gorriti y Mella entre periodistas de todo el mundo es sólida, construida durante décadas de ejercicio profesional trascendente, riguroso e íntegro. Un prestigio muy por encima del de sus acusadores.
Dentro de pocos días, Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú. Desde su apretada elección ha cambiado mucho el tono de sus discursos, asegurando que el suyo será un gobierno de unidad compuesto por profesionales y no por militantes de su partido. Este discurso conciliador tiene su primera prueba en el cese de hostigamientos contra Gorriti, Mella e IDL Reporteros.
Yo me uno a los cientos de periodistas de todo el mundo que han expresado ya su preocupación por los ataques a Gustavo y Romina. Les envío mi solidaridad y elevo mi llamado también al nuevo gobierno a que cese la persecución del periodismo. Quienes pretenden silenciar periodistas están situados siempre al extremo contrario de quienes buscan combatir la corrupción. Y a los corruptos y a los represores, ya lo sabe la familia Fujimori, la historia les termina tratando mal.