El 12 de febrero del 2026 un grupo reducido de periodistas llegó a la entrada de la prisión Mariscal Zavala para dar cobertura a la liberación de uno de los periodistas más destacados de Centroamérica, José Rubén Zamora.
Zamora permaneció en prisión más de tres años. Defensores de libertad de prensa en Guatemala dejaron escapar un suspiro de alivio cuando una orden judicial le concedió arresto domiciliario. Claro, todavía no estaba en libertad, pero tenía más libertad que antes.
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Entrada la noche, Zamora salió de Mariscal Zavala, bajó de una camioneta blanca y advirtió a los periodistas —sus colegas— que era posible que las autoridades le quitaran la medida y le enviaran de regreso a la cárcel.
Según el colectivo de periodistas No Nos Callarán, hasta 2025 al menos 20 periodistas habían abandonado Guatemala debido a la intimidación y persecución judicial.
Un informe de la Red Centroamericana de Periodistas, sobre demandas contra personas que hablan sobre cuestiones de interés público, señala cómo la ley se convierte en arma para perseguir y criminalizar a periodistas.
Entre los casos que enumeran están el de Zamora y otros menos mediáticos, pero no menos flagrantes, como Anastasia Mejía, periodista Maya K’iche y directora de la emisora Xol Abaj, judicializada en 2020 por su trabajo periodístico.
Zamora salió de la cárcel en medio de una pugna por los puestos judiciales más altos de Guatemala. Hizo un llamado a los guatemaltecos a “exigir mesa limpia”, para que ningún funcionario actual sea reelecto.
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Una semana después, José Ruben Zamora solicitó ante el Ministerio de Gobernación la cancelación de la Fundación Contra el Terrorismo, organización que ha promovido los casos en su contra.
“Quisieran que salga huyendo, pero aquí me voy a quedar”, dijo. “Guatemala también es mía”.