La tarde del 4 de septiembre de 2024, Joaquín tenía 76 años de edad y llevaba 17 meses encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega en la cárcel conocida como La Modelo, a 20 kilómetros del centro de Managua. El exmiembro de las fuerzas del Frente Sandinista luchó durante la revolución para derrocar a la dictadura de Somoza en los años 70. Fue arrestado el 15 de abril de 2023 acusado de ciberdelitos y desórdenes públicos. Joaquín participó en la rebelión de abril de 2018, motivada por una serie de reformas al seguro social y el descontento generalizado hacia el dictador Ortega. Horas después, el 5 de septiembre, Joaquín recuperó la libertad. Ese día también inició otra condena: su miserable destierro en Guatemala, como el de otras decenas de sus compatriotas.En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que, entre 2018 y 2019, 355 personas fueron asesinadas por las fuerzas estatales durante la represión a las protestas sociales. También, según un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas, más de 5,000 personas fueron detenidas arbitrariamente de abril del 2018 a marzo del 2025. Ese último reporte también revela que las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, el Sistema Penitenciario Nacional, con el apoyo de un amplia red de vigilancia, trabajaron de manera conjunta para detener a personas opositoras del régimen, como Joaquín. Al interior de la cárcel, ese 4 de septiembre de 2024, un par de reos cantaron el himno nacional de Nicaragua, entre ellos Joaquín. Ese día hubo más movimiento de lo habitual. Los custodios llegaron a preguntar a cada celda si los reos se encontraban bien de salud o si necesitaban agua. A las 5 la tarde, algunos reos fueron sacados de sus celdas para que se ducharan, cuando la norma era una ducha en la mañana. Les dieron ropa limpia y zapatos nuevos. Joaquín y su hijo, que estaba preso junto a él, hicieron algunas conjeturas, pensaban en un traslado a otra cárcel y remotamente en la posibilidad de ser libres. En otra celda, a unos metros de Joaquín, Felipe guardó en un balde la ropa azul de reo y un par de calzoncillos.
Joaquín, su hijo y Felipe se encontraron en el pasillo de la galería 2 baja luego de que los custodios quitaran llave de las celdas y los dejaran salir. Cuando salieron del pasillo de la galería, se encontraron a decenas de presos arrodillados y viendo hacia la pared. Los hicieron subir a buses y los movilizaron a otra área del penal. En la otra galería los hicieron sentar, les dieron de refrigerio un sándwich y una gaseosa. En una habitación de al lado, sus pasaportes estaban listos y unos médicos hicieron chequeos a los de mayor edad. Joaquín, su hijo y Felipe hicieron el chequeo, luego firmaron y se les entregó un pasaporte con fecha de vencimiento en el año 2034.
Las decenas de personas en aquella galería de La Modelo, junto a Joaquín, pertenecían a un grupo de capturados por el régimen conocidos por los demás como reos de conciencia. Un reo de conciencia es aquel que, por su participación activa en la política o desarrollo comunitario, es encarcelado arbitrariamente por un estado. Allí, en La Modelo, durante la madrugada del 5 de septiembre, a los zapateros, maestros, abogados, periodistas y religiosos que habían participado en las protestas del 2018 se les subió a otros buses que, tras un trayecto de 30 minutos, llegaron al Aeropuerto Internacional Augusto Sandino. Su pasaporte fue sellado y subieron a un avión de la compañía Omni Air International, donde eran esperados por miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entre abrazos y sonrisas les dijeron que habían quedado en libertad, que la opción era ir a Guatemala y después ser reasentados en otros países o seguir en la cárcel. Todos aceptaron irse.La mañana del 5 de septiembre, 135 nicaragüenses aterrizaron en Guatemala, país que la mayoría veía como una tierra provisional del destierro. Ese mismo día, el secretario de Estado de la administración Biden, Antony J. Blinken, dijo en un comunicado que habían logrado la liberación de esos 135 presos políticos y que contarían con las vías legales para solicitar su reasentamiento en Estados Unidos o en otro lugar. O sea, que la estancia en Guatemala sería solo provisional, un tiempo, y luego a otro sitio.El grupo de los 135 fue el último de la dictadura de Ortega en ser excarcelado, desterrado y despojado de su nacionalidad en septiembre del 2024, pero ya había un precedente. El primer grupo de desterrados fue de 222 presos políticos enviados a Washington el 9 de febrero del 2023. Seis días después, el 15 de febrero, Ortega despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses que ya se encontraban en el exilio, entre los que estaban periodistas como Carlos Fernando Chamorro o Wilfredo Miranda Aburto; el escritor Sergio Ramírez; o la poeta Gioconda Belli. A estos se sumaron en 19 de enero de 2024 los grupos de religiosos nicaragüenses expulsados, entre los que figuraba el obispo Rolando Álvarez; y, meses después, un último grupo de siete religiosos expulsado en agosto 2024, todos hacia El Vaticano. El destino del grupo en el que salió Joaquín, que fue enviado a Guatemala, fue variopinto y aquella promesa hecha por la administración Biden de reasentarlos fuera de Centroamérica no se cumplió para varios. Según el abogado Guillermo Montalván, de la Asociación Memoria y Justicia, que representa al grupo en trámites ante la CIDH, a 39 de los 135 Estados Unidos les denegó el reasentamiento alegando que habían cometido delitos como terrorismo, sin tomar en cuenta que fueron delitos fabricados por la dictadura. Hay al menos un caso documentado de reasentamiento gracias al programa de Movilidad Segura del Gobierno de Estados Unidos, el del periodista Víctor Tacay. Según un abogado cercano a los casos, al menos 77 fueron admitidos en Estados Unidos. Otros, por medio del programa ejecutado por ACNUR y la OIM, pidieron movilidad a Costa Rica, Panamá y Canadá.
Desde su destierro, han pasado casi dos años y un grupo de al menos 24 expresos políticos y sus familiares continúa en Guatemala. Muchos no tienen trabajo e iniciaron el proceso de refugio en el país. Los niños, hijos de los desterrados, perdieron su año escolar. Si enferman no tienen para medicamentos, ya que los sueldos que describen como miserables no alcanzan para llevar una vida digna en Guatemala. Algunos sobrevivieron debido a donaciones de nicaragüenses en Estados Unidos. Viven en las periferias de la ciudad de Guatemala, en mesones o casas de acogida. Algunos no tienen más que un pasaporte nicaragüense con el que no pueden viajar a ningún otro país, porque fueron desactivados por el régimen de su país.
Una mañana de junio, Joaquín cantó el himno nacional de Nicaragua, como lo hacía en la cárcel Modelo, pero esta vez en una pequeña habitación donde apenas cabe un viejo mueble que cumple la función de sofá y cama en la Ciudad de Guatemala. Recordó que, antes de caer preso por el régimen, en Nicaragua tenía una casa y no le faltaba nada. Desde el viejo mesón donde vive en Guatemala, relató lo vivido en casi dos años de destierro. También lo hicieron otros seis expresos políticos nicaragüenses que se dejaron retratar por este periódico bajo la condición del anonimato.
El Faro buscó por vías oficiales una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el rechazo al grupo de nicaragüenses. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Joaquín, 78 años. Luchó en la revolución sandinista para derrocar la dictadura de Somoza. Décadas después, la dictadura Ortega-Murillo lo encarceló. Lo acusaron de ciberdelito y desórdenes públicos. Fue desterrado en 2024 y ahora vive en un antiguo edificio de la ciudad de Guatemala. Allí, envuelto en el ruido ensordecedor de la música que sus vecinos escuchan, pasa las 24 horas del día. Apenas sale de su cuarto para usar el baño comunitario. Su pieza es tan pequeña que un sofá acapara la mitad del lugar. Joaquín compara su situación con la cárcel que padeció: “Cuando estábamos en La Modelo, teníamos comida y aquí no tenemos nada. Muchas veces me dan ganas de volver y entrar por un punto ciego a Nicaragua”, dice. Joaquín vive de donativos de sus compatriotas y, ante el atraso del pago de la pieza, que son 10 quetzales por día (poco más de un dólar), el arrendador ha llegado a perdonarle meses de deudas. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
David, 46 años, apoyó las protestas de 2018, movilizaba a personas en un viejo camión a diversos puntos. En 2021, huyó de la capital a Chinandega, debido al acoso policial. Estuvo oculto dos años, hasta que regresó a Managua y fue capturado en junio del 2023. Hasta su destierro, pasó 15 meses en prisión. Ahora vive junto a su esposa e hija en un barrio de Mixco, Guatemala. Tiene cuatro meses sin el trabajo de asistente de mecánico que tenía, ya que se sometió a una cirugía por una infección que casi le hace perder su pie, a causa de la diabetes. Cuando fue a que lo atendieran a un hospital público, le dieron pastillas para el dolor. Días después, la fiebre hizo que mojara todas las sábanas de su casa. Los feligreses de una iglesia lo sacaron de casa para llevarlo a un médico privado. Sobrevivió gracias a los donativos de esos feligreses y de nicaragüenses que residen en Canadá. “El verdadero horror del destierro no es el día que te expulsan, es cuando pasa el tiempo y no tienes trabajo; enfermas y no tienes dinero. Cuando tu hija te pide ir a la escuela y no tienes opción para ayudarla, ese es el verdadero horror del destierro”, dice. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Del grupo de expresos políticos desterrados en septiembre del 2024, 24 aún permanecen en Guatemala. La mayoría de ellos tiene a su núcleo familiar en el país. Contabilizan 11 cónyuges, una recién nacida y ocho niños que llegaron semanas o meses después del destierro. Los niños no van a la escuela, a falta de documentación para inscribirse en el sistema educativo guatemalteco. Ya han perdido al menos un año de su ciclo escolar. En la fotografía, el hijo de un nicaragüense desterrado juega en una mesa de una iglesia, en la periferia de la ciudad de Guatemala. Allí se realizó la reunión de una parte del grupo al que se le negó la movilidad a Estados Unidos. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Felipe fue capturado el 8 de abril de 2024 en Managua, frente a su esposa e hija. Su captura se debió a que repartió volantes exigiendo la liberación de otros presos políticos. Asegura haber padecido tortura durante su tiempo en la cárcel. Así como en algunos testimonios de personas que sobrevivieron a las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción de Nayib Bukele, Felipe fue colgado de sus brazos en unas rejas durante horas y en varias ocasiones, hasta su expulsión del país. En Guatemala lo alcanzaron su esposa e hija, quienes salieron por un punto ciego entre Nicaragua y Honduras. Tuvieron la esperanza en el reasentamiento prometido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero meses después recibieron un documento en el que se les informó que su caso carecía de credibilidad y no podían ser admitidos, pero que podían apelar a esa respuesta. Desde entonces, iniciaron su proceso de refugio en Guatemala. Felipe vive en búsqueda de trabajo. Su hija no estudió en 2025, hasta que con ayuda de otros nicaragüenses pudo inscribirse en 2026 a un colegio privado del barrio en el que viven en las periferias de Mixco. “Para nosotros, la tortura sigue, porque no nos queríamos quedar aquí. Ahora hemos iniciado otro trámite para ver si somos admitidos en Canadá”, dice. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
La mayoría de estos desterrados trata de aferrarse a costumbres gastronómicas y hace sus compras en un barrio nicaragüense ubicado en la Zona 1 de la capital. Otros han cruzado sus precarias casas con la bandera de su país, como lo hizo la familia de Felipe, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala. La bandera se convirtió en símbolo de la resistencia desde 2018 durante las protestas y la dictadura prohibió su uso en 2019 ya que representaba a los movimientos opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Todos los viernes recibe las noticias más relevantes de la semana y recomendaciones.
René, hijo de Joaquín, pasa sus días en una diminuta habitación que renta por 10 quetzales al día (poco más de un dólar), en un mesón de la Ciudad de Guatemala. Para la foto, René cubrió su rostro con una gorra vieja que compró por 25 centavos de dólar en una venta de ropa usada. Desde su llegada a Guatemala en septiembre de 2024, no ha podido encontrar un trabajo estable y mantiene a su esposa y dos hijos con trabajos de ayudante de albañilería o mecánica automotriz. Ha iniciado su proceso de refugio en Guatemala y busca la forma de que alguien le ayude a viajar a España y solicitar refugio. René, al igual que su padre Joaquín, fue acusado de ciberdelitos y desórdenes públicos. Ahora viven las consecuencias del destierro que las autoridades estadounidenses vendieron como un éxito. “Hay días que no comemos por la falta de dinero, ya que hay que pagar alquiler y somos cuatro personas las que vivimos en esta habitación. Estoy intentando ahorrar todo lo que pueda, para un día pagar un boleto a España y pedir refugio allá”, explica. René no quiso que su familia fuera retratada porque, a diferencia de él, aún pueden entrar a Nicaragua, y hay amenazas públicas de la dictadura Ortega-Murillo hacia los familiares de los desterrados. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Desde 2010, Ramiro era parte de movimientos en contra de la reelección de Ortega. Era miembro de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nicaragüense. Participaba activamente en protestas contra la dictadura, incluidas las de 2018. Antes de su destierro, Ramiro había sido capturado varias veces por su activismo político. En agosto del 2023, al regresar a su casa, un grupo del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) lo estaba esperando. Dicho grupo informa a la dictadura sobre personas vinculadas a la oposición. Ramiro estuvo preso desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2024. Perdió su negocio y ahora se dedica a repartir comida en un comedor en la capital guatemalteca. Con eso ayuda económicamente a su anciana madre y a dos hijos que siguen en Nicaragua. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
La ciudad de Guatemala y su periferia se han convertido en refugio para cientos de centroamericanos que huyen de la pobreza y violencia en Honduras, y de las dictaduras de Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador. En 2025, el Instituto Guatemalteco de Migración recibió 1,370 solicitudes de asilo y refugio, y reconoció como refugiadas a 146 personas que lo habían solicitado años atrás en un proceso que regularmente dura dos años. En la imagen vemos los barrios periféricos de la Zona 1 y Zona 3, limítrofe con el Barrio el Gallito, donde viven algunos de los nicaragüenses que aceptaron ser fotografiados para esta historia.(Photo: Carlos Barrera)El Faro
El día del destierro, los agentes estatales de la prisión La Modelo insultaron a los presos políticos: “desterrados, traidores, sin patria”. Ese mismo día, antes de la expulsión del país, les entregaron pasaportes con diez años de vigencia. Días después del destierro, la Corte Suprema de Justicia al servicio de la dictadura les comunicó que despojaba de la nacionalidad a los 135 presos políticos expulsados. Esos pasaportes son el único documento de identidad y de movilidad con la que los expresos políticos cuentan, pero que de nada les sirve para volver a su país. Lo cuidan como un tesoro. Si lo pierden, se quedarían sin la posibilidad de salir de Guatemala. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
A Camilo, la dictadura nicaragüense le quitó todo. Al principio, su derecho a ejercer su profesión le fue arrebatado debido al acoso de la policía en su lugar de trabajo y hacia quienes lo contrataban. Después, un pequeño negocio. Después, lo capturaron; y luego acabó desterrado, sin nacionalidad, la dictadura le acusó de terrorismo y falsificación de documentos de Estado por su participación en las protestas de 2018 en contra de Ortega y su activismo en redes sociales. Ahora vive en una casa de acogida de una organización religiosa, junto a su esposa y dos hijos. Consiguió trabajar como vigilante, con un sueldo de 3,000 quetzales al mes (393 dólares), con los que sostiene a toda su familia. La dictadura lo acusó de comercializar pornografía infantil y distribuirla en plataformas digitales. En Guatemala supo que su reasentamiento en Estados Unidos le fue negado con el cambio de administración de Biden a Donald Trump, que ocurrió en enero de 2025. Ahora trata, al igual que los desterrados que permanecen en Guatemala, viajar a otro país para aplicar a una nueva solicitud de refugio. Teme por la familia que le queda en Nicaragua. “Tengo una hija en Nicaragua y, cuando pide algún documento oficial, le aparece en el sistema que es hija de un apátrida. Mis hijos aquí en Guatemala no tienen acceso a estudio, esto no es vida”, dice. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Carlos fue capturado por primera vez durante las protestas de 2018 y permaneció diez meses en la cárcel Jorge Navarro, en Tipitapa. En diciembre del 2022, Carlos destruyó una estatua que hacía honor al partido Sandinista en Managua, sin percatarse de que una cámara de vigilancia de una casa vecina lo grababa. Semanas después, el video llegó a la Policía de Nicaragua y Carlos fue capturado por segunda vez. Esa ocasión fue peor que la primera. No le dejaban entrar paquetería ni recibir visitas. Desde esa captura en enero del 2023, no ha visto a su madre ni a sus dos hijos, por falta de recursos para poder pagarles un viaje a Guatemala. Hace unos meses tuvo un accidente en motocicleta y se fracturó una pierna. Para que lo atendieran en el sistema de salud público de Guatemala, utilizó el documento de identidad de un amigo guatemalteco. Ahora no puede trabajar, debido a la lesión. Sobrevive con el dinero que le quedó de sus meses de trabajo en mantenimiento de computadoras y de los víveres que se comparten con otros desterrados con los que rentan en el mismo edificio en Mixco. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Sello de migración del aeropuerto Augusto Sandino de Nicaragua. El sello consigna el día en que 135 nicaragüenses fueron expulsados de su país hacia Guatemala y Estados Unidos. Decenas de ellos lograron el reasentamiento en otros países, otros consiguieron recursos para volar a España y aplicar a refugio, pero un grupo se quedó en Guatemala. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado en 2025, al menos 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad nicaragüense. (Photo: Carlos Barrera)El Faro
Apóyanos para hacer más periodismo.
Si valoras el trabajo de El Faro, súmate a nuestra comunidad de lectores y lectoras que, con su membresía mensual, trimestral o anual, hacen posible un periodismo transparente, confiable y ético.
Tu apoyo garantiza nuestra sostenibilidad y nos permite hacer más periodismo.
Únete desde $3.75 al mes (suscripción anual).Cancela cuando quieras.
Conoce acá cómo se financia El Faro y quiénes son sus propietarios.
