A solicitud de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (SECOM), la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) aprobó el 22 de abril de 2026 una “cooperación no reembolsable” de $505,140.20 en cuatro entregas de $126,285.05. El monto total solicitado para el proyecto suma $1,136,565.45, según la solicitud de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia obtenida por El Faro. En el expediente del Banco, esta Secretaría aparece como “grupo de interés”, concepto usado en el primer cheque girado el 21 de mayo de 2026 a nombre de la empresa privada LARED.
Según el expediente del banco, los accionistas de LARED son Porfirio Chica, su hijo Paolo José Chica Ricárdez y Jacqueline Yesenia Moreno Herrera. Chica fundó la empresa en 2014 con Geovani Galeas, dos figuras notorias de la red de noticias falsas y desinformación utilizada por el bukelismo para imponer narrativas y amplificar mensajes en todas las redes sociales. Aunque en 2026 Galeas ya no aparece como accionista en los registros públicos, sí es mencionado como participante del proyecto financiando por Bandesal.
En lugar de competir vía ley de compras públicas, el subsecretario de Comunicaciones, Andrés Ortiz, pidió a Bandesal beneficiar con “cooperación no reembolsable” a la empresa familiar de Chica.
Ortiz, el subsecretario que firma la solicitud, fue programador en una empresa conocida como “Búnker”, perteneciente a Blue Group S.A. de C.V., empresa matriz que funcionaba como agencia de marketing digital y que se promocionaba como la "red de influenciadores más grande a escala nacional".
Ortiz fue procesado judicialmente en 2015 junto a la que hoy es su jefa, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, en un caso que fue conocido como "troll center", donde se les acusó de clonar los sitios de los dos periódicos impresos de mayor circulación en El Salvador: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, para difundir noticias falsas contra adversarios de Nayib Bukele, cuando era alcalde capitalino. La Fiscalía capturó a Ortiz el 11 de noviembre de 2015, pero él y los otros cuatro acusados llevaron el proceso en libertad, con medidas sustitutivas a la detención. En diciembre de 2017, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió a los cinco procesados al concluir que no hubo clonación de sitios web: habían hecho un sitio web distinto con otra dirección.
El Faro tuvo acceso a un expediente de la Presidencia en el que aparece la carta del 9 de abril de 2026, firmada por Ortiz, dirigida al presidente de Bandesal, Nelson Rivas, en la que se le solicita cooperación no reembolsable para la iniciativa “Monitoreo y análisis de la percepción ciudadana sobre servicios financieros digitales del Estado”. La carta establece pagos por un periodo de ocho meses, de mayo a diciembre de 2026, con montos mensuales de $126,285.05. La empresa de Chica ofreció el servicio por nueve meses, con lo que lo recibido sumaría $1,136,565.45, como consta en el documento.
El servicio ofrecido por la empresa de Chica fue aprobado el 22 de abril por la Junta Directiva del banco, 13 días después de recibida la carta del subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
Según consta en el acta de la sesión JD/22-2026, del 22 de abril de 2026, la Junta Directiva de Bandesal autorizó $505,140.20, que son cuatro de las nueve entregas mensuales que la Presidencia solicitó por $1,136,565.45. La Junta dio el visto bueno antes de que el banco pusiera por escrito quiénes son los dueños de LARED, la empresa que cobraría. Eso quedó en evidencia cuando un día después del visto bueno, el 23 de abril de 2026, se registró el trámite “Conoce a tu cliente”, un proceso interno de la institución para identificar formalmente a los dueños de LARED.
El estudio técnico que el propio banco exige como requisito llegó después de que la Junta aprobara los $505,140.20. Esa parte del proceso está escrita como una condicional en el formulario COM02-2026 que establece las políticas internas de la institución. Dice el documento: “de contar con la aprobación de Junta Directiva, se considera factible el apoyo”.
El memorándum que ordenó emitir el cheque se justifica en siete documentos, pero ninguno es un contrato firmado, y la única cotización del expediente es la de la empresa que cobró, de modo que no hubo un precio de referencia ni competencia.
Es proceso anómalo al igual que el desembolso de fondos públicos en el que hubo incumplimiento en el orden de los procesos de revisión del banco, según sus políticas internas. Esto consta en el expediente que el secretario de la Junta, Joaquín Alberto Montano Ochoa, cerró el trámite declarando que el punto y sus anexos son “información confidencial (...) debido a que contiene información de secreto comercial”. Pero el mismo banco publicó los documentos el 16 de julio de 2026 en el Portal de Transparencia de Bandesal.
Aparte de esa "cooperación no reembolsable", en ese mismo trimestre, BANDESAL resolvió otras dos solicitudes y las publicó completas en la misma casilla. La Asociación de Músicos de Puerto El Triunfo pidió instrumentos para la Jiquilisco Latin Band y recibió $2,200.00.
Camila Soundy pidió patrocinio para imprimir 200 libros de cuentos de la escritora Yanira Soundy y recibió $2,262.00. Los tres memorandos que ordenaron los cheques llevan la misma fecha, el 15 de mayo de 2026, y los firmó la misma gerente, Maya León.
En los dos expedientes por montos mucho más pequeños, el banco escribió que había comparado el precio con el mercado: “al precio regular en el mercado, el precio por los instrumentos no presenta sobrecostos significativos” en el de la banda. Lo mismo en el otro proyecto: “el precio por libro evaluado no presenta sobrecostos significativos” , dice en el expediente de financiamiento del libro de cuentos.
En las 59 páginas del expediente de LARED no hay una comparación de su precio con el mercado, como la que Bandesal hizo en los otros dos apoyos. Según el sitio de Transparencia, en el expediente solo figuró una oferta de servicios por $1.13 millones de LARED.
Los servicios de LARED
El informe de abril de 2026, anexo en el expediente de Bandesal, incluyó a Última Hora entre los medios monitoreados.
La relación entre Última Hora y LARED consta en los registros mercantiles: Chica participó en la constitución de Última Hora en 2015 como “administrador único suplente” . En el caso de LARED, en el apartado de “Propiedad, planta y equipo” de la auditoría de sus estados financieros aparece el registro de $113,474.69 bajo la etiqueta “Otras inversiones (Periódico Digital Última Hora)”.
El mismo anexo contiene 41 enlaces a publicaciones en la cuenta de X de Porttada, otro portal digital cuya marca figura a nombre de VIRAL, S.A. de C.V. y que también difunde desinformación y propaganda a favor del régimen. También aparecen otros 51 enlaces de Última Hora, siendo este de los más monitoreados y lo que permite concluir que el Estado pagó a Chica, en parte, por monitorear su propio sitio y cuentas de redes sociales.
En el resto del documento se consigna haber monitoreado también medios como The New York Times, Reuters, Bloomberg y BBC Mundo.
El memorándum fechado el 15 de mayo de 2026, consigna que la Secretaría de Comunicaciones confirmó la “recepción del entregable a satisfacción” y solicitó el primer desembolso para LARED. El expediente incorpora una factura del 5 de mayo por el servicio de monitoreo “correspondiente al mes de abril de 2026” y, después de los documentos de pago, el informe titulado “Monitoreo y Análisis de la Percepción Ciudadana sobre Servicios Financieros Digitales del Estado Abril 2026”.
En el mismo documento y bajo el título “¿Qué hablan los medios negativos?” LARED agrupó a El Faro, Revista Factum, ContraPunto, GatoEncerrado, Diario Co Latino y El Diario de Hoy, junto a organizaciones y medios internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y The Washington Post, en un listado donde se les atribuyen distintas investigaciones y noticias que representan “POSIBLES RIESGOS”.
A El Faro se le atribuyen tres menciones sobre distintas investigaciones, sin precisar títulos o enlaces. Se describe una investigación como “presuntas irregularidades en los criterios de selección de beneficiarios de créditos del Banco de Desarrollo”, ante lo que LARED recomendó divulgar información sobre sus créditos para “retomar el control de la narrativa ante cuestionamientos mediáticos y legislativos” y “blindar la reputación del banco frente al escrutinio público".
El servicio ofrecido por LARED, no se plantea como algo limitado a recopilar noticias: es una maquinaria que clasifica e identifica a los actores que las publican, propone acciones para modificar la percepción pública y propone la ejecución de proyectos que van desde el lanzamiento de una campaña institucional para “neutralizar las críticas” a lanzar un programa para “mitigar el riesgo de percepción negativa” y establecer un protocolo de comunicación cuyo efecto esperado es “la reducción de narrativas negativas en redes”.
El sobreprecio y la oferta única de LARED
La cooperación de Bandesal no fue el primer negocio de Chica y sus sociedades con el Estado. El Faro revisó 12 adjudicaciones, del 2009 al 2026, entre instituciones de diferentes gobiernos y sociedades de Chica y su familia. El historial atraviesa la llegada del primer gobierno del FMLN hasta el de Bukele. Cuatro de esas adjudicaciones fueron directamente para LARED: una del Ministerio de Vivienda en 2025 y tres de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial en 2026.
El caso de Bandesal es el único que siguió una ruta distinta a la habitual. LARED presentó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia una oferta por $1,136,565.45 y el 9 de abril, la Secretaría envió esa propuesta a Bandesal pidiendo que la financiara como “cooperación no reembolsable”. La ley describe estos recursos como apoyo para actividades que impulsen “el desarrollo cultural, innovación y social”.
El Faro también revisó 13 registros de iniciativas públicas de Bandesal tramitadas entre enero de 2016 y mayo de 2026. Esas iniciativas se destinaron a capacitación e inclusión financiera, asistencia a pequeñas empresas, becas, actividades deportivas, impresión de libros y compra de instrumentos musicales.
Los otros desembolsos de fondos públicos no relacionados a Bandesal corresponden a la administración de un sitio web, un plan de comunicación interna en 2009, monitoreo y colocación de noticias institucionales en 2018, tres compras de publicidad digital en 2019, suministro de café y un estudio de aceptación en 2023. Entre 2025 y 2026, dos consultorías publicitarias, la compra de equipo informático y un modelo para recopilar datos sobre hábitos de consumo que convierten a Chica en el máximo proveedor de la Agencia de Inteligencia Artificial del Estado.
Irno Geovani Galeas Perla figura junto a Porfirio Chica en el Registro de Comercio desde la creación de LARED. En la inscripción del 27 de febrero de 2014, Chica aparece como administrador único propietario y Galeas como administrador único suplente. Declaró entonces tener 53 años y ser "periodista". Un año después, ocuparon los mismos cargos en Inteligencia Digital, una segunda sociedad dedicada a publicidad, comunicaciones, diseño de imagen y planificación estratégica.
En julio de 2018, durante el Gobierno del FMLN, la CEL adjudicó a Inteligencia Digital SA de C.V. $64,000 por monitorear medios y colocar noticias de interés institucional. Bajo la administración Bukele, LARED recibió otras cuatro adjudicaciones por consultoría publicitaria, equipo informático y elaboración de modelos para recopilar datos, además de la cooperación de Bandesal.
Entre octubre de 2011 y febrero de 2026, El Faro localizó 83 adjudicaciones para monitoreo de medios que no fueron para Chica, su familia, ni sus sociedades. Todas repartidas entre 16 distintos proveedores que juntos suman $396,706.70. El 9 de abril de 2026, la Presidencia pidió a Bandesal financiar la oferta de LARED por $1,136,565.45, que equivale a casi tres veces lo adjudicado durante 15 años a 16 proveedores.
Entre esas 83 adjudicaciones, la empresa “Monitoreo y Comunicación Estratégica de El Salvador” es el proveedor con más contratos: recibió 35 en total. La CEL le otorgó su adjudicación más alta el 23 de febrero de 2026: $20,395 por monitorear y transcribir durante un año noticias de interés institucional, equivalente a $1,699.58 al mes. LARED cotizó 74.3 veces más como cobro de su servicio.
Dos décadas de propaganda y fondos públicos
Chica lleva al menos 20 años moviéndose entre la política, el negocio de la desinformación y la propaganda. Su carrera está construida sobre un fuerte vínculo al poder de turno con los distintos gobiernos y las fuerzas políticas más relevantes en la historia reciente de El Salvador. En junio de 2006 notas de prensa consignan declaraciones de Chica como jefe de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, dirigido entonces por René Figueroa en el Gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, ahora encarcelado por corrupción. Chica también fue diputado suplente de ARENA en las legislaturas 2006-2009 y 2009-2012.
Mientras Chica aún era diputado suplente, la Fiscalía General de la República adjudicó $14,277.60 a Estrategia y Comunicación, E-COM, sociedad fundada por Chica y Christian Guevara, para implementar, almacenar y administrar su sitio web. Dos meses después, la misma Fiscalía adjudicó otros $3,300.00 a Mónica Ricárdez Recinos de Chica por diseñar un plan de comunicación interna. E-Com había sido fundada por Chica y Christian Guevara, actual jefe de fracción del partido de Bukele: Nuevas Ideas.
En una entrevista realizada por El Faro en octubre de 2019, Chica afirmó que no había conseguido un contrato “con el gobierno de Funes, menos con el gobierno de El Profe (Salvador Sánchez Cerén)”. Los documentos revisados para esta investigación muestran, sin embargo, que sociedades administradas por Chica contrataron con CEL durante ambos gobiernos. En 2013, E-Com obtuvo el contrato CEL-4796-S para brindar un “servicio de manejo comunicacional en la formación de opinión favorable y gestión informativa estratégica de temas coyunturales de interés para CEL”.
El Gobierno en ese momento era presidido por Funes, que años después se exilió en la dictadura de Nicaragua, huyendo de la justicia salvadoreña y a quien Chica ha criticado fuertemente ahora que trabaja para el bukelismo.
En julio de 2018, bajo el Gobierno de Cerén, CEL adjudicó $64,000 a Inteligencia Digital por realizar “monitoreos y colocación de noticias de interés institucional en diferentes medios de información”. Ocho años separan ese contrato de la solicitud en la que Presidencia pidió para LARED $1.13 millones. Entre uno y otro cambiaron la sociedad, el gobierno y el precio, pero en todo este tiempo el servicio es el mismo: monitorear medios y posicionar contenidos, “fortalecer la narrativa institucional”.
Chica también fundó Inteligencia Digital junto a Geovani Galeas, exmilitante del FMLN, escritor y analista político. Ambos también aparecen en la constitución de LARED: Chica como administrador propietario y Galeas como suplente. Esa relación empresarial ya existía en 2015, cuando Chica informaba al entonces fiscal general Luis Martínez sobre las intervenciones públicas de Galeas y otras voces al servicio de Chica.
Durante la entrevista de 2019, Chica negó que Galeas fuera su socio en aquel momento. El Faro contrastó su respuesta con el Registro de Comercio, y según datos oficial si lo han sido.
La entrevista de Chica con El Faro surgió de una investigación basada en 7,155 mensajes extraídos del teléfono de Martínez. Mientras el exfiscal buscaba su reelección en 2015, Chica le anticipaba qué analistas aparecerían en radio y televisión, qué posiciones asumirían y cuándo corregirían comentarios que molestaban al funcionario. “Tenemos ocho voceros en acción”, le escribió. Otros mensajes mencionaban costos, adelantos, meses atrasados y pedían dinero para “combustible” o para “los tigres”. Entre los miembros de esa red de opinadores a sueldo estaba el actual vicepresidente de Bukele, Félix Ulloa.
Chica reconoció que trabajó para favorecer la reelección de Martínez, pero sostuvo que nunca cobró. En la entrevista dijo 17 veces que no recordaba conversaciones enviadas desde su teléfono y admitió que su negocio colocaba propaganda presentada como “publinotas” o “publireportajes”.
Los mayores negocios públicos de sus sociedades llegaron durante el Gobierno de Bukele. Última Hora recibió tres adjudicaciones de publicidad por $1,604. Chica obtuvo personalmente $55,370 de la Alcaldía de Sonsonate del mismo partido de Bukele, Nuevas Ideas, por un estudio de aceptación basado en comunicación digital. Tan solo en los últimos dos años LARED recibió $102,000 del Ministerio de Vivienda y $445,706.36 en tres adjudicaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.
A esas operaciones se suma el proyecto de nueve meses solicitado a Bandesal por la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia por $1,136,565.45 a favor de la empresa de Chica. De las 14 operaciones públicas identificadas durante 17 años, 12 corresponden a comunicación, publicidad, formación de opinión, monitoreo o estudios de audiencias.
Los otros contratos
Aparte de los pagos de Bandesal, LARED también es el mayor contratista de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) del Gobierno de Bukele, según los registros consultados por El Faro en el Sistema de Compras Públicas de El Salvador (Comprasal).
El 8 de abril de 2026, la ANIA publicó la compra de equipo informático para el programa CUBO IA. La ficha pública la clasifica como contratación directa, el método del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas que permite escoger proveedor sin licitación ni concurso. Aún así, el expediente registra ofertas de 13 empresas. Doce de esas empresas venden equipo informático. La única que no vende equipo informático es la que ganó: LARED, Comunicación y Crisis, S.A. de C.V., por $29,077.30.
La contratación directa obliga a la institución a razonar y publicar la resolución que la autoriza. Esa resolución no consta en el portal. La ficha muestra vacías las secciones de etapas y pagos.
El segundo contrato de ANIA con LARED, por $153,851.38 para una estrategia publicitaria, se adjudicó mediante una licitación en la que también participaron B2G, MOOM y Codemakers. LARED ganó el proceso.
Además de esos dos contratos, ANIA adjudicó a LARED un tercero el 12 de agosto de 2026: $262,777.68 para elaborar modelos de recolección de datos sobre hábitos de consumo y adopción de inteligencia artificial. En esa licitación participaron también Claro El Salvador, Stradia Labs, A.M.R. Consultores y New Equity Group. Con los $29,077.30 del equipo para CUBO IA, los $153,851.38 de la estrategia publicitaria y los $262,777.68 del modelo de datos, LARED acumuló $445,706.36, el 91.5% de todo lo adjudicado por ANIA en Comprasal.
En febrero de 2025, el Ministerio de Vivienda había otorgado a LARED su primera adjudicación con el Estado por $102,000.00, a razón de una consultoría en estrategia publicitaria.
Dos años antes, en marzo de 2023, la Alcaldía de Sonsonate, gobernada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, le adjudicó $55,370.00 a Chica en persona por un “estudio de aceptación con modelos de comunicación digital”. La adjudicación ocurrió otra vez sin licitación ni concurso, a dedo. El expediente publicado no nombra al alcalde, solo a la institución. En esa fecha, el cargo lo ocupaba Rafael Edgardo Arévalo González, extenista profesional durante 15 años, que representó a El Salvador en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
El viernes 18 de septiembre, El Faro buscó la versión oficial de Presidencia mediante mensajes y llamadas a Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones, y a Andrés Ortiz, subsecretario de Comunicaciones bajo su mando, quien firmó la solicitud para que Bandesal favoreciera a la empresa de Porfirio Chica.
Este periódico también escribió a Chica a través de su cuenta verificada en X y lo llamó al número que aparece en los cheques emitidos a nombre de LA RED, en el que él ha contestado en ocasiones anteriores. Además, El Faro envió una solicitud de entrevista al correo oficial de Bandesal que consta en el expediente, en la que pidió al banco designar a un vocero. Al cierre de esta publicación, ninguno había respondido.