Norman Quijano, excandidato presidencial de ARENA, cumple condena en El Salvador desde el lunes 26 de enero luego de ser deportado por los Estados Unidos. El exlíder arenero fue sentenciado en ausencia en 2024 por reunirse con líderes pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 para pactar su apoyo en la segunda vuelta electoral de 2014 a cambio de dinero, controles carcelarios más laxos, entre otros beneficios.
La Prensa Gráfica reportó que Norman Quijano fue trasladado al Centro Penal La Esperanza (Mariona). La Cámara Segunda de lo Penal le decretó detención provisional mientras se resuelve una apelación de la defensa, presentada en junio de 2024. El medio también constató que, tras su llegada al país, Quijano fue sometido a un electrocardiograma y a una radiografía de tórax para verificar su estado de salud, y que debe recibir medicación diaria por su condición.
En una resolución del 28 de enero de 2026, la Cámara canceló la audiencia de revisión de medidas al considerar que no hay garantías de que Quijano cumpla medidas sustitutivas a la prisión. “Su estadía en nuestro país no sería propio de su voluntad, sino del esfuerzo coercitivo de las autoridades que concretaron su detención, lo cual demuestra el latente peligro de fuga”, justificaron los magistrados.
Quijano cumplirá una condena de 13 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía sostiene que fue señalado por el fallecido alcalde Salvador Ruano de haber “ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014”. Tras perder el fuero que le otorgaba su cargo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de que la Asamblea Legislativa controlada por Bukele se lo retirara, el ministerio público lo acusó formalmente en octubre de 2022. En mayo de 2025, el periódico estadounidense USA Today reveló que Quijano había sido capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos el 6 de marzo.
El presidente Nayib Bukele reaccionó a las imágenes de Quijano, de 79 años, esposado a su llegada al aeropuerto, y dijo que esta captura debía leerse como “un mensaje para todos los que huyen de la justicia”. Una investigación de El Faro reveló, por primera vez en 2016, la negociación entre dirigentes de ARENA y líderes de pandillas. En el video publicado por El Faro, y utilizado en la acusación fiscal, la voz que se escucha es la de un pandillero, reunido con el entonces alcalde de Ilopango, Ruano, y con el entonces dirigente de ARENA, Ernesto Muyshondt, quien hoy cumple una condena en el penal de Mariona por esas negociaciones. Quijano perdió la segunda ronda electoral de 2014 por un estrecho margen de poco más de seis mil votos contra Salvador Sánchez Cerén y el FMLN, con quiénes las pandillas también negociaron apoyo para esas elecciones.
Pero como Quijano, Bukele también pactó con las principales pandillas del país entre 2014 y 2015 cuando competía por la alcaldía de la capital con el FMLN, partido de Gobierno que condujo el primer acuerdo político con las pandillas en 2012 y 2013, que fue conocido como “la tregua”, durante el gobierno de Mauricio Funes.
El esquema de negociación de la administración Bukele fue el mismo que en gobiernos anteriores: pactar con las cúpulas nacionales de las tres pandillas beneficios carcelarios a cambio de apoyo electoral y control de la violencia. Su principal enlace con las pandillas fue el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, primero en la campaña por la alcaldía de San Salvador y luego, ya en la Presidencia. En agosto de 2025, el Gobierno de Bukele presumió 1,000 días sin homicidios desde que asumió el poder en 2019.
En 2020, El Faro reveló negociaciones del gobierno de Bukele con pandillas. La Fiscalía anterior, de Raúl Melara, incorporó esas pruebas al caso “Catedral”, que documentaba esas negociaciones, entre ellas fotografías de funcionarios públicos ingresando a penales con hombres encapuchados. El entonces fiscal general Melara logró judicializar pactos de gobiernos anteriores, pero no los vinculados a la administración de Bukele. Los casos fueron archivados por Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal general impuesto por el oficialismo, y la unidad que construía el caso Catedral fue desmantelada.
Si bien Bukele y Quijano comparten haber negociado con criminales bajo la mesa, Bukele sí tuvo éxito y su Gobierno pudo ejecutar los acuerdos durante su primer quinquenio hasta que el pacto se rompió definitivamente en marzo de 2022 y esto derivó en un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales que sigue vigente. A diferencia del caso de Quijano, sus acciones continúan en la impunidad.