La Asamblea Legislativa aprobó -de forma exprés y sin discusión- dos nuevos cambios a la Constitución del país. Las reformas, primero eliminan el presupuesto mínimo que garantizaba autonomía financiera al Órgano Judicial y, segundo, extienden el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El cambio también recorta dos años a los actuales funcionarios, dos de estos propuestos por la oposición.
Con estas modificaciones, el régimen salvadoreño ya ha reformado seis veces la ley fundamental en menos de un año.
El cambio se hizo en seis horas este 16 de diciembre, a las puertas del feriado por las fiestas de fin de año. Y ya hay precedentes: el 23 de diciembre del 2024, los diputados revirtieron la prohibición total de la minería.
“Ocupan los periodos cercanos a vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico”, dijo la diputada opositora Marcela Villatoro, de Arena.
La primera reforma es al artículo 172, que obligaba al Órgano Ejecutivo a asignar al Organismo Judicial un presupuesto de no menos del 6% de los ingresos corrientes por cada año.
Ese piso mínimo estaba vigente desde noviembre de 1991, en el marco de los Acuerdos de Paz, y tenía el objetivo de garantizar la independencia entre los poderes del Estado para que no existieran presiones políticas que condicionen el funcionamiento operativo del sistema de justicia, juzgados y jueces, “era un logro histórico”, según publicó el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica.
La nueva redacción permite al Gobierno central asignar al Órgano Judicial “según las necesidades razonables que dicha institución presente”. La aplicación de la reforma fue inmediata. Al día siguiente, el Ministerio de Hacienda pidió recortar 164 millones de dólares del proyecto de ley de presupuesto de 2026 destinado a la Corte.
El abogado Jonathan Cisco dijo a La Prensa Gráfica que este recorte puede tener consecuencias graves como despidos de personal judicial, cierre de juzgados de paz y destitución de jueces. “Hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia ya se encuentra cooptada por el Ejecutivo, eliminar esta garantía implicaría, además, dejarla presupuestariamente desmantelada. Es regresar a un modelo previo a 1992, cuando jueces y tribunales respondían a intereses políticos y no al interés público”, opinó el jurista.
En El Salvador, el Organismo Judicial está bajo control del presidente Bukele desde 2021 cuando sus diputados destituyeron de forma irregular a la Sala de lo Constitucional para colocar magistrados leales y emprendieron una purga de jueces incómodos para el régimen.
Con dispensa de trámite, los diputados oficialistas también aprobaron cambiar el artículo 208 de la Constitución para ampliar de cinco a seis años el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la institución que organiza las elecciones y que imparte justicia en esa materia. Incluyeron, también un recorte de dos años en el período de los actuales magistrados, dos nombrados a propuesta de Arena y FMLN, uno de los pocos espacios que mantiene la oposición política en las instituciones nacionales. Su mandato terminará anticipadamente el 1 de julio de 2027, “con el propósito de lograr una sincronía temporal con el período para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la República”, dice el decreto.
El cambio obedece a previas reformas constitucionales, las del 31 de julio de 2025, que permitieron -contra la propia Constitución- la reelección presidencial indefinida, la extensión del mandato presidencial a seis años, la eliminación de la segunda vuelta y unir los comicios legislativos y municipales a los presidenciales en 2027.
En los últimos 25 años, la Asamblea Legislativa salvadoreña reformó en ocho ocasiones la Constitución. Solo en 2025, los diputados de Bukele han hecho seis modificaciones al texto constitucional, cinco de ellas con el mecanismo exprés que no necesita a una siguiente Asamblea para entrar en vigencia. Esta modalidad fue ratificada por los diputados en enero, también de este año.
Los cambios veloces a la Constitución han estado destinados a que el régimen de Bukele se consolide y concentre más poder en detrimento de sus adversarios, como ocurrió con la reforma que eliminó el financiamiento público destinado a los partidos políticos en febrero de 2025.