El 2 de enero a las 9:00 de la mañana, hora de España, el fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales acudió a la Comisaría de Policía Nacional del Distrito Sevilla Sur a su cita para la entrevista de solicitud de asilo, motivada por el acoso del que ha sido objeto su familia a manos del régimen de Nayib Bukele desde julio del 2025. Cerca de las 11:20, Diego salió del lugar escoltado por tres personas. No vestían uniforme, pero eran policías.
Los agentes dijeron a sus acompañantes, al momento de informar sobre la detención, que nadie podía hablar ni dirigir preguntas a Diego. Agregaron que debía acompañarlos a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional porque sobre él pesaba una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) solicitada por el Gobierno de El Salvador.
Diego Rosales alcanzó a pedir a sus acompañantes que localizaran a Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Arauz también es subjefe de redacción de El Faro). La captura no lo tomó por sorpresa: unos días antes, en Buenos Aires, Argentina, también detuvieron a su hermano.
Diego es un fotoperiodista de 25 años, los cumplió un día antes de ser detenido. Ha trabajado y colaborado con diferentes medios: Agencia Presentes, The Guardian, Europa Press, El País, La Jornada, Zuma Press, La Prensa Gráfica, Infodemia, Radio YSUCA y El Faro. Casi tres horas después de su detención, sus acompañantes supieron que continuaba en Sevilla gracias a una llamada que recibió su pareja desde “El Cuartel”, la comisaría donde permanecía bajo custodia policial. No fue Diego quien llamó; un policía habló por él.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador lo involucra en un proceso judicial por el delito de hurto informático. Según el artículo 13 de la Ley Contra los Delitos Informáticos y Conexos, la persona que utilice medios informáticos para apoderarse de bienes o valores, tangibles o intangibles, pertenecientes a otra, con el propósito de obtener un beneficio económico, será sancionada con prisión de dos a cinco años. El otro delito que le imputan es el de agrupaciones ilícitas, que según el artículo 345 del Código Penal se refiere a las formadas por dos o más personas que tengan cierto grado de organización y que busquen cometer delitos, así como las que utilicen la violencia para incorporar, mantener o expulsar a sus miembros. El Faro tuvo acceso al expediente del caso y constató que el único elemento con el que la Fiscalía respalda ambos delitos es una transferencia bancaria.
La Fiscalía salvadoreña argumenta que el fotoperiodista recibió una cantidad de dinero inferior a los 2,000 dólares enviada por su hermano a su cuenta bancaria, que provenían de una presunta estafa que involucra la venta de criptomonedas.
El caso tiene reserva parcial. Eso significa que no pueden ser de conocimiento público detalles, nombres y especificaciones. Involucra a dos familiares de Diego Rosales y alrededor de otras 50 personas. Se le acusa de un asunto relacionado con tráfico de bitcoins, pero él asegura que nunca ha utilizado una moneda digital. "Yo no he pagado ni siquiera un dulce o he pagado alguna cuenta con bitcoin, nunca he usado bitcoin…Yo nunca abrí, por ejemplo, la Chivo Wallet (la fracasada billetera virtual creada por el Gobierno), ni siquiera cuando dieron el estipendio por abrirla".
El inicio de la persecución
El acoso a la familia Rosales se remonta al 16 de julio de 2025. Ese día, un grupo de policías llegó a su casa en El Salvador con la excusa de que el carro de su padrastro había transportado a “personas sospechosas”. Le pidieron la tarjeta de circulación, sin mostrar orden judicial.
Desde marzo de 2022, con la aprobación del régimen de excepción, la Policía puede capturar a una persona sin una orden judicial previa y sin respetar los procesos judiciales. Esa es una medida que ya perdió toda excepcionalidad porque ha sido prorrogada ininterrumpidamente 46 veces, la más reciente en diciembre de 2025.
La familia de Diego entregó la tarjeta de circulación. Los policías hicieron otras preguntas, como dónde vivían Diego, su hermano y su mamá. Ninguno de ellos estaba en el país en ese momento.
Meses antes, Diego decidió vivir en Bolivia por una oportunidad laboral. Su hermano mayor vive en Argentina desde 2018.
A partir de esa visita policial, la familia instaló cámaras de seguridad que envían alertas a sus celulares cada vez que alguien llega a la vivienda. Fue una decisión reforzada por el temor que causaron las capturas de mayo de 2025, cuando el régimen de Bukele, con excusas similares, detuvo a Ruth López, abogada y activista anticorrupción; y, el 7 de junio, a Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico del régimen.
El 1 de septiembre, Rosales regresó de visita a El Salvador y, alrededor de dos horas después de aterrizar, recibió una notificación de la cámara domiciliar en su celular: tres policías estaban afuera de su casa. Él aún no había llegado a su casa. Dijeron a una familiar que habían recibido otra denuncia anónima que indicaba que Diego era víctima de maltratos. Los policías nunca mencionaron quién hizo la denuncia ni cuándo.
Rosales decidió no volver a su vivienda. Estuvo cinco días en casa de un familiar. Su padrastro, que también es periodista, salió del país, el 2 de septiembre de 2025, debido al hostigamiento policial.
Cinco días más tarde, Diego también salió. Permaneció en Guatemala hasta final del mes. El 30 de septiembre regresó a Bolivia. No asistió a su graduación de la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que se celebró el 24 de octubre. Un día antes de la ceremonia, su hermano y su madre fueron notificados de que estaban siendo imputados en una causa judicial con otras 50 personas. Casi un mes más tarde decidió volar a España para solicitar asilo. Llegó el 4 de noviembre. Reunió la información necesaria y estableció contactos con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Dos semanas después, inició el trámite.
El 23 de noviembre se enteró de que la Interpol detuvo a su hermano mayor en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, cuando volvía de un viaje a Brasil.
Una notificación roja de la Interpol es una alerta internacional que se envía a la policía de 196 países en el mundo para localizar a una persona buscada por la justicia. Se basa en una orden de detención emitida por un juez del país que la solicita y permite que, si la persona es encontrada, pueda ser detenida de manera provisional mientras se decide si será extraditada o enfrentará un proceso legal.
Es decir, tiene un propósito informativo y facilita la cooperación y el intercambio de información entre Estados, pero no ordena arrestos ni actúa de manera autónoma. En España la extradición se rige por la Ley 4/1985 de extradición pasiva. En el artículo 4, en el noveno apartado, establece que no se concederá la extradición “cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado”.
Marta Balmaseda, abogada particular de Diego en España, dijo a El Faro que “no hay una protección específica para solicitantes de asilo, pero sí para personas asiladas. En caso de que a un solicitante de asilo le reclamara un Estado, lo que habría que hacer es solicitarle a la Audiencia Nacional que, en tanto no se resuelva su solicitud, que no se proceda como preventiva de proteger los derechos del solicitante de asilo”. Eso es lo que protege a Rosales de no ser enviado a El Salvador.
Una persecución transnacional
El hermano de Diego vive en Argentina desde hace siete años y es profesor universitario. El 23 de noviembre, al regresar de sus vacaciones, fue detenido en el Aeropuerto Ezeiza y permaneció 12 días bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina. Luego de su audiencia, el 5 de diciembre, le dictaron arresto domiciliario.
Desde su casa en Buenos Aires, habló con El Faro el 4 de enero. Tiene una pulsera en el pie, un GPS, que desde hace un mes vigila su arresto domiciliario. “Solo el hecho de estar acá encerrado en mi casa, bajo prisión domiciliaria, ya es una situación de vulneración absoluta… Haber estado detenido 12 días y que mi hermano haya sido detenido este fin de semana… Las consecuencias son terribles”, dijo.
Antes de que España hiciera efectiva la captura por la alerta de Interpol, Diego Rosales enfrentó a la distancia la detención de su hermano. Por esa razón se preparó para su entrevista de solicitud de asilo. Consiguió cartas que respaldan su trabajo periodístico, organizó documentos en su computadora y dejó las contraseñas de sus dispositivos.
En la entrevista para su solicitud de asilo, explicó que era probable que tuviera una alerta de Interpol, porque sabía que la Fiscalía salvadoreña la había solicitado. Lo hizo confiando en el sistema de justicia español, porque en El Salvador sabe que no tendría un proceso justo. “Decidí ir con el miedo de ser detenido, pero fui porque sabía que mi tarea era decir la verdad. Omitir que tenía una alerta Interpol también habría sido ocultar algo”, recordó.
Rosales no es el único salvadoreño en proceso de asilo en España que alega persecución del régimen de Bukele. Los abogados y voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Ivania Cruz y Rudy Joya, llegaron a España en febrero de 2025. Ambos salieron de El Salvador porque son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. Como ambos son abogados y forman parte del sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibieron una notificación directa en julio del 2025 sobre su alerta de Interpol.
Ivania Cruz dijo a El Faro que Interpol solicitó a la jueza salvadoreña de su caso que enviara la documentación que respalda la acusación porque solamente envió un oficio pidiendo la alerta. “Lo que yo veo es que los tribunales están enviando solo la información de la Fiscalía, la acusación”, explicó, aludiendo a que no hay suficiente estudio de los casos ni las pruebas y solo se emiten las alertas. En El Salvador son los tribunales los que emiten esas solicitudes.
Rudy Joya, al igual que Rosales, estuvo detenido en España. El 2 de septiembre se presentó a una cita en la comisaría donde lleva su proceso de asilo. Lo citaron por la alerta Interpol. Lo detuvieron y salió al siguiente día con medidas cautelares. Cruz, aunque no fue capturada, también tuvo que cumplir con medidas cautelares. Ese mismo mes solicitaron la anulación de la alerta Interpol y en diciembre, la Secretaría General de la Interpol les notificó que “no están sujetos a ninguna notificación ni difusión de INTERPOL”, tras las gestiones del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.
Según la legislación española, una vez que notifique al país solicitante que la persona requerida se encuentra bajo su custodia, deben transcurrir 40 días para que se presente la solicitud formal de extradición; de lo contrario, ésta queda sin efecto. Pero esa es solo la primera etapa.
El Estado salvadoreño sí contestó en los casos de Cruz y Joya y ahora se encuentran en otra etapa judicial donde deben demostrar en España que enfrentan persecución política. Ambos abogados y defensores, de momento, enfrentan un caso opaco, que se encuentra bajo reserva, en El Salvador donde se les acusa de ser parte de una presunta red que comercializaba terrenos ilegalmente. El proceso de solicitud de asilo en España, que es una etapa administrativa y un proceso penal de extradición.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Naciones Unidas han respaldado a los abogados. En octubre pasado se hizo pública una carta de Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos de la ONU, enviada al Gobierno salvadoreño en mayo sobre “la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos de Unidehc”.Joya y Cruz han participado en la defensa de cientos de personas detenidas durante el régimen de excepción. Junto a otros 25 líderes, también acompañaban la lucha de los habitantes de la Hacienda La Floresta para frenar un proceso de desalojo que amenazaba a unas 250 familias en San Juan Opico, un distrito ubicado a 42 kilómetros de San Salvador. En febrero de 2025, la Policía capturó a Fidel Zavala, compañero y vocero de la organización de Joya y Cruz, quien actualmente permanece en prisión tras haber sido liberado y luego de convertirse en la primera persona en interponer una denuncia formal contra Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales, así como contra los directores de las prisiones de Mariona y Cutumay Camones, por tortura, corrupción, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.Los salvadoreños encabezan la lista de centroamericanos buscados por la Interpol. El Diario de Hoy informó en noviembre de 2025, basándose en los registros oficiales de Interpol que, de un total de 1,078 personas con notificación roja en la región, 813 son de nacionalidad salvadoreña.Ese mismo mes, en un comunicado firmado por expertas de la ONU, Mary Lawlor, junto a Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, advirtieron que el gobierno de El Salvador “está abusando del sistema de notificaciones rojas para impulsar su agenda política, acosando y persiguiendo a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras”.
El día de la detención
Al salir de la entrevista de solicitud de asilo, a Rosales lo llamaron junto a su abogada de CEAR para informarle de su detención. “En ese momento ya había tres agentes siguiéndome a todas partes”, contó.
Los policías que lo trasladaron a “El Cuartel” no tomaron en cuenta que era solicitante de asilo. Uno de ellos le preguntó por Bukele y Rosales respondió que era un dictador. Diego asegura que el agente replicó que a España le hacía falta un Bukele. Los policías, explica el fotoperiodista, hicieron comentarios similares a los de los seguidores del presidente salvadoreño: si tenía una alerta de Interpol, dijeron, “es por algo”.
“Cuando me empezaron a tomar las huellas, otro oficial dijo que yo estaba ahí para ser extraditado y repitió muchas veces la palabra ‘extradición’, que yo iba a ser devuelto”, relató. Luego, como su pareja fue testigo del momento de la captura, un policía le dijo a Diego que por esa razón no hacía falta avisar a nadie y que, en todo caso, si hacía una llamada, sería él quien hablaría. Así ocurrió: el agente llamó a la pareja de Diego e informó dónde estaba.
Alrededor de las cuatro de la tarde, sus acompañantes se encontraron con la abogada que contrató, Marta Balmaseda, afuera de la comisaría. La abogada no pudo ver a Diego porque le asignaron un abogado de oficio para leerle sus derechos y hacer efectiva la detención. Lo único que dijo el policía a la entrada del lugar, según Balmaseda, fue que Rosales pasaría la noche en los calabozos y que al día siguiente tendría una videoconferencia con la Audiencia Nacional desde Madrid.
Diego pasó la noche del 2 de enero y la madrugada del 3 en la celda número 9 de la comisaría de Sevilla. La noticia comenzó a circular en medios de comunicación; organizaciones salvadoreñas e internacionales como Reporteros Sin Fronteras se pronunciaron, y el presidente Bukele reaccionó en X. “El nuevo fuero es ser periodista”, escribió, y añadió que basta con autodenominarse periodista para obtener “impunidad total”. La Asociación de Periodistas de El Salvador registró en 2025 un total de 43 desplazamientos forzados de periodistas por acoso y temor a detenciones por parte del régimen de Bukele.
Hora y media después, Nayib Bukele volvió a reaccionar ante la difusión de la detención de Diego y dijo en sus redes que a las autoridades españolas les gusta proteger delincuentes. “Por nosotros no hay problema: nos ahorran el costo de tenerlos acá”, escribió. “Pero qué lástima por el pueblo español, que luego tendrá que pagar el precio de llenar su sociedad de criminales”.
Diego se presentó al Juzgado de Guardia alrededor de las 10:30 de la mañana del 3 de enero, escoltado por policías y con esposas en sus manos. Tras su declaración, tres horas después quedó en libertad provisional, luego de su videoconferencia con la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. Marta Balmaseda, abogada privada de Rosales, dijo que la Audiencia Nacional no encontró “ningún motivo para mantenerlo detenido”.
El relato ante la Audiencia Nacional de Diego fue suficiente para dejarlo en libertad. Su abogada no tuvo que argumentar nada. Ahora sigue a la espera de que el Gobierno de El Salvador, en el plazo de 40 días, luego de recibir la notificación de España, haga la solicitud de extradición. Si no lo hace, el proceso se cerrará.
Balmaseda explicó a El Faro que la única medida cautelar que la jueza impuso a Rosales es comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio para comprobar que no exista riesgo de fuga. Su solicitud de asilo, que sigue en proceso, también es una garantía de que permanecerá en el país.
Tras obtener su libertad, Rosales reaccionó a las acusaciones del presidente Bukele: “Yo no tengo ningún fuero por ser periodista. Lo único que pasó es que la gente alegó por mí y por mi trabajo. A mí nadie me ha decretado ningún fuero en ningún país del mundo”. Y agregó: “Bukele dice que España protege delincuentes, pero El Salvador persigue inocentes”.