Tras siete meses de haber sido capturados arbitrariamente, de atravesar un proceso abreviado, irregular, secreto y con una juzgadora sin rostro, el abogado y defensor Alejandro Henríquez y el pastor de la comunidad El Bosque José Ángel Pérez fueron liberados este 17 de diciembre por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla. La liberación ocurrió luego de que ambos aceptaran los hechos señalados en el dictamen de acusación de la Fiscalía, según declaró su abogado defensor Oswaldo Feusier. Ambos fueron condenados a tres años de prisión, pena que fue sustituida por el cumplimiento de reglas de conducta.
La defensa declaró que la petición de este proceso abreviado responde a una medida estratégica que buscaba recuperar la libertad de Henríquez y Pérez en un contexto de ausencia de garantías constitucionales y debido proceso.
Henríquez y Pérez fueron arrestados y acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva tras su participación en una concentración pacífica el 12 de mayo de este año. Ambos acompañaban a la comunidad El Bosque en las cercanías de la residencial privada donde vive el presidente Nayib Bukele, para evitar que más de 300 familias —en su mayoría campesinas— fueran desalojadas. Decenas de agentes de la Policía Militar y la Unidad del Mantenimiento del Orden reprimieron la protesta. En un video difundido por medios de comunicación, se ve a policías pidiendo hablar con Pérez, luego lo sujetan por los brazos y se lo llevan detenido, mientras miembros de su comunidad se abrazan a su cuerpo y piden a los policías que no se lo lleven. No se observa ningún acto agresivo de parte del pastor. A Henríquez lo capturaron el día siguiente, el 13 de mayo.
Ese mismo día, Bukele atribuyó la concentración de los campesinos a la influencia de élites globalistas a través de sus redes sociales. “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno. La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banner impresos profesionalmente lo confirman” escribió en su cuenta de X. Además, utilizó la indignación que generó la represión policial para enviar una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas, que ya habían intentado implementar en 2021. “Ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa”, dijo Bukele.
El proceso abreviado es un mecanismo especial que permite la finalización del proceso penal para resolver un caso sin llegar a la etapa de juicio. La jueza no llegó a valorar todas las pruebas de cargo y descargo del caso, sino que valoró que Henríquez y Pérez aceptaran los hechos por los que la Fiscalía General de la República acusó a ambos. Según la defensa, la versión de los hechos planteada por la Fiscalía no describe ningún delito, pero ante la situación jurídica del país esta era una alternativa que permitía su liberación.
Tras escuchar la confesión, la jueza los condenó a dos años por el delito de resistencia agresiva y un año por el delito de desórdenes públicos. Al ser una pena total menor a los tres años, la jueza la suspendió a través de una figura jurídica llamada “suspensión condicional de la ejecución de la pena”. Esta condición puede invocarse cuando “se estime lo innecesario o inconveniente de la pena de prisión”, según el Código Penal.
Un juzgado de vigilancia penitenciaria será el responsable de supervisar el cumplimiento de las reglas de conducta. A ambos se les prohibió la salida del país sin previo aviso, deben informar si se cambian de domicilio y deberán abstenerse de ciertas “actividades” por las que han sido condenados. “Es complicado porque la jueza no puede suspender o prohibir garantías o derechos fundamentales consagrados en la Constitución como la libertad de expresión, y la libertad de asociación o manifestación”, dijo Emperatriz Florez, una de las abogadas defensoras, en un Space de X transmitido la misma noche de la liberación.
Desde la audiencia inicial, el pasado 30 de mayo, la identidad de las juezas que han administrado el proceso se ha mantenido oculta. La jueza de Paz que ordenó el encarcelamiento de ambos ocultó su identidad dentro de la documentación oficial, alegando las reformas del Código Procesal Penal. En esa audiencia, el juzgado rechazó la petición de la defensa de decretar libertad condicional y ordenó detención provisional. La defensa conoció el nombre de la jueza que condenó este miércoles a los ambientalistas únicamente cuando le fue entregada el acta en la que se consigna la confesión de Henríquez y Pérez.
Las reformas establecen que la identidad de los jueces se podrá ocultar en causas de todo tipo, incluso cuando haya delitos penales, o cuando sean contra estructuras de crimen organizado. Esta reforma fue aprobada el 30 de marzo por los diputados del oficialismo y sus aliados, con dispensa de trámite, sin discusión.
“Fue un proceso difícil, dadas las condiciones que tenemos en el sistema judicial actualmente, pero se pudo. Estamos en un proceso abreviado y salimos. Esta era la salida legal que teníamos”, dijo Henríquez al salir del Juzgado. Pese a su encarcelamiento, Henríquez afirmó que no dejará su labor ambientalista. “Sin duda seguiré en la defensa de los derechos humanos. En el acompañamiento a comunidades que han sufrido la injusticia del robo y despojo del agua y de la tierra”, dijo. Henríquez dijo que por tres años tendrá prohibido “participar en actividades” similares a las descritas en su proceso, una imposición muy general y amplia.
Al salir junto con Henríquez, el pastor Pérez, conmovido por el dictamen, no dio declaraciones a la prensa. Decidió utilizar ese momento para abrazar y saludar a sus familiares. Cuando caminaba hacia el vehículo que lo llevaría de vuelta a casa, El Faro le preguntó cuáles eran sus planes ahora que está en libertad. Sollozando, dijo: “No tengo planes de ninguna clase. Sólo quiero estar con mi familia”.
Feusier, el abogado defensor de los ambientalistas, dijo a El Faro que “en este caso se logró un resultado que se acerca más a la justicia material, al menos en el tema de la libertad, aunque quizá no es de la forma que hubiésemos querido”. Explicó que las condiciones bajo las cuales fueron liberados Henríquez y Pérez implican tres años en que los ambientalistas deben avisar al Tribunal si saldrán del país y obligaciones genéricas como no realizar actos de violencia pública y abstenerse de “actos similares”.
Feusier agregó que el precio a pagar para recuperar la libertad de Henríquez y Pérez fue “ una confesión que cualquier abogado, de cualquier tribunal del mundo, se habría sentido tranquilo de que se trataba de un caso de sobreseer o absolver. Es un sin sabor, pero dentro de lo que cabe es un buen resultado”. Las palabras de Feusier describen un sistema judicial que no funciona de contrapeso al Órgano Ejecutivo, desde la remoción ilegal de la Sala de lo Constitucional, del presidente del Órgano Judicial y del fiscal general, el 1 de mayo de 2021, el primer día de trabajo de los diputados oficialistas. Los jueces del país tampoco tienen estabilidad laboral tras la reforma de septiembre de 2021 que obligó al retiro forzoso del 30 % de ellos.
A las afueras del Juzgado se concentraron decenas de personas, entre familiares, amigos y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, a la espera del resultado de la audiencia. Frente a las instalaciones del edificio judicial, un grupo de la Resistencia Feminista había colocado una manta que decía “No a la impunidad. Sí a la verdad”. Algunas de las personas también sostenían carteles con las imágenes de los dos acusados y de la abogada de Cristosal Ruth López que decían consignas como “Libertad y Justicia para los Defensores” o “¡Defender derechos no es delito!”. Nadie tenía el rostro cubierto en un contexto en el que decenas de periodistas y activistas de derechos humanos están en el exilio tras recibir información sobre órdenes de captura en su contra o visitas de la Policía a sus casas con excusas similares a las que precedieron el arresto de Ruth López.
Gloria Anaya, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, cuyos miembros eran parte de quienes acompañaban a los ambientalistas, dijo a El Faro que sí considera que la decisión del Juzgado es un triunfo. “Es un triunfo en función de la lucha que se ha tenido. Es un triunfo para las comunidades, en específico para la comunidad El Bosque, por esa voz que han alzado en defensa de la madre tierra. El triunfo es también para el pueblo salvadoreño que en este momento está siendo asediado por las élites económicas, que están usurpando el poder político, y están utilizando todo el aparataje del Estado, las instituciones, la Policía, la Fiscalía, para criminalizar y secuestrar a defensores y defensoras de derechos”, señaló.
El arresto arbitrario de Henríquez y Pérez alcanzó atención internacional. El 1 de junio Amnistía Internacional los declaró a ambos, junto a la abogada Ruth López, como presos de conciencia, es decir, personas que han sido encarceladas por expresar sus ideas, creencias, o identidad. “Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública”. El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el Gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, dijo en un comunicado Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció en sus redes sociales el 28 de octubre diciendo: “Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Angel Pérez en El Salvador mañana. Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra”. Del mismo modo, el 5 de noviembre, 12 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos firmaron una carta pública en la que exigían al Estado salvadoreño la inmediata liberación de los ambientalistas, así como el “abstenerse de utilizar la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado contra personas defensoras de derechos humanos, en clara contravención de las garantías del debido proceso y los estándares internacionales de los derechos humanos”, según decía un artículo de una de las organizaciones firmantes: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Ante la liberación de Henríquez y Pérez, la directora de Amnistía Internacional dijo en un comunicado que “es fundamental señalar que nunca debieron haber sido privados de libertad ni sometidos a proceso penal por ejercer su derecho a la protesta pacífica”. La organización recordó que en El Salvador otras personas defensoras de derechos humanos y voces críticas —como Ruth López, Fidel Zavala y Enrique Anaya— siguen criminalizadas por ejercer sus derechos.
La concentración pacífica de campesinos que acabó con las capturas de Henríquez y Pérez
El 12 de mayo, decenas de hombres, mujeres, niños y ancianos de la comunidad El Bosque se concentraron frente al Centro Comercial Las Palmas, en Santa Tecla. El punto fue elegido con la esperanza de que el presidente Bukele viera sus carteles desde la caravana presidencial y escuchara sus demandas, ya que llevaban meses solicitando diálogo sin obtener respuesta. La manifestación fue un último recurso para evitar una orden de desalojo que amenazaba con desplazar a unas 300 familias campesinas de sus hogares.
Ese día, alrededor de las 7 de la mañana, unos ocho vehículos salieron desde la cooperativa El Bosque con manifestantes rumbo a la concentración. Sin embargo, a unos 15 minutos de camino, en el cantón Granadillas —que conecta con la carretera hacia Comasagua—, policías interceptaron a los habitantes de El Bosque en un retén.
Los agentes pidieron a los miembros de la comunidad bajarse de los vehículos y los amenazaron con multas y quitarles las placas. Por eso, decidieron caminar hasta el centro comercial Las Palmas, que está ubicado a 2.2 kilómetros de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente Bukele y permanece una tanqueta militar en la entrada. Hombres, mujeres, niños, personas adultas mayores y madres con bebés caminaron cerca de siete kilómetros con carteles, con la intención de que el presidente conociera directamente su situación.
Alrededor de las 9 de la noche, decenas de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y de la Policía Militar llegaron al lugar de la concentración pacífica —armados y con escudos antimotines — y reprimieron violentamente tanto a los campesinos como a periodistas que se encontraban en el lugar. Esa noche fue capturado el pastor Pérez a jalones, mientras los miembros de su comunidad se aferraban a él y suplicaban a los agentes que no se lo llevaran. Al día siguiente, el 13 de mayo fue detenido en San Salvador el abogado Henríquez, frente a sus oficinas de la organización comunitaria ECOS El Salvador. Tras esto, vinieron sus siete meses de prisión que terminaron este día.
*Fe de errata: en la publicación original de esta nota el 17 de diciembre afirmamos por error que el caso en contra de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez tenía reserva total. El caso no tuvo reserva. La nota fue actualizada el 18 de diciembre de 2025 a las 16:00