Las señales no son alentadoras. En el último año, el gobierno de Donald Trump ha actuado contra este beneficio y ha cancelado el programa para varios países, entre estos, los de países vecinos, como Honduras y Nicaragua.
A esto se suma, que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, avaló en junio la autoridad del presidente Trump para acabar con el programa y determinó que los jueces no tienen potestad sobre este tema. Esta victoria le permitió a la administración, terminar el beneficio para 350,000 haitianos y 6,000 sirios, entre otros.
El TPS para los salvadoreños vence el 9 de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está legalmente obligado a anunciar su decisión de extender o no el programa 60 días antes de su vencimiento. Ese anuncio debió haberse producido el 11 de julio pero la publicación no ocurrió.
Ese plazo existe por una razón: dar tiempo a las personas, empleadores y gobiernos locales para prepararse ante la posibilidad de un retorno. Esto ha generado una cadena de incertidumbres y barreras para los beneficiarios de este programa.
Por ejemplo, si bien el TPS vence en la segunda semana de septiembre, los permisos de trabajo y otros beneficios de ley están programados para caducar antes.
Las autorizaciones de trabajo para miles de tepesianos salvadoreños vencían el 22 de julio, sin embargo, un día antes, un juez federal amplió el plazo hasta el 5 de agosto, luego de admitir una demanda de organizaciones civiles.
Esta medida de emergencia impide temporalmente al gobierno de Trump implementar políticas que priven de autorización de trabajo y la terminación de las mismas sin el debido proceso, hasta que exista una resolución final del caso.
El 16 de julio, Trump recibió en Washington, D.C. al presidente Nayib Bukele. Según confirmó la Casa Blanca a medios locales, los temas abordados en la reunión fueron sobre esfuerzos conjuntos para combatir la migración irregular, el fomento del crecimiento económico y la seguridad regional, según reportó la periodista salvadoreña Carmen Rodríguez.
Naomi Fellows, embajadora interina de Estados Unidos en El Salvador, dijo a La Prensa Gráfica que el análisis de su Gobierno para determinar la prórroga del TPS pasaba por identificar si las condiciones que dieron origen al beneficio continuaban vigentes. El TPS fue otorgado a El Salvador luego de los terremotos de enero y febrero de 2001.
Sobre si la relación entre el presidente Trump y Bukele podría incidir en la decisión, Fellows dijo que el aspecto legal suele priorizarse antes que la negociación política pero añadió que esas conversaciones no estaban a su alcance.
El TPS fue creado en 1990 para otorgar el derecho a permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos a los migrantes de países que enfrentan guerra, desastres ambientales, epidemias u otras catástrofes.Cuando se cancela el TPS, sus beneficiarios vuelven a la condición de indocumentados.
El Salvador es ahora uno de los últimos cuatro países cuyo TPS -aún- no ha sido terminado.