Hay dos maneras de obtener y ejercer autoridad: de hecho y por derecho. Los diputados oficialistas y los representantes del Ejecutivo explican en cuanta ocasión tienen que en El Salvador la autoridad emana del pueblo, que es el soberano. Con esa frase pretenden legitimar la corrupción, los pactos criminales o las torturas sistemáticas; y justificar que quienes las cometen lo hacen en el ejercicio de su autoridad por derecho, porque los ciudadanos les eligieron.
Todos los testimonios de sobrevivientes de las cárceles de Bukele denuncian torturas sufridas tras su detención, sucedida durante el régimen de excepción. Lo mismo apuntan las actas de defunción de las más de 435 personas detenidas durante este mismo periodo, casi todas consignando “edema pulmonar” como causa de muerte.
Lo anterior permite concluir que en las prisiones salvadoreñas varios grupos de custodios ejercen la tortura de manera sistemática. El principal señalado es un custodio conocido como “Montaña” y que ha sido ya identificado como William Ernesto Magaña Rodríguez, quien personalmente ejecuta y ordena a sus subalternos propinar golpizas. Pero hay otros conocidos en las prisiones como Sagitario, Jefe Shangai o Sirena con su propio prontuario.
No puede ninguno de estos torturadores alegar que actúa como autoridad de derecho, porque nuestros cuerpos de leyes y los tratados y convenciones internacionales firmados por El Salvador prohíben literalmente la tortura. Estos custodios, pues, actúan contra la ley. Ejercen una autoridad de hecho, no de derecho. Legalmente, sus superiores son también responsables si, sabiendo lo que ellos hacen, no toman medidas para castigarlos y evitar que esto siga sucediendo. Esos superiores lo saben.
No se trata de un grupo de custodios que han decidido tomarse la autoridad por cuenta propia. No son, pues, unas “manzanas podridas”, sino una parte fundamental del sistema represivo de la dictadura.
Los testimonios de torturas comenzaron a aparecer poco después del inicio del régimen de excepción. Poco a poco, fuimos conociendo las terribles experiencias, los gritos de dolor de unos y los de insultos acompañados por palizas de los otros. La identificación del custodio Magaña Rodríguez, alias “Montaña”, es pública y concluyente, y por tanto conocida por sus superiores y por todos los funcionarios del Estado salvadoreño. Si cuenta aún con autoridad para continuar torturando es porque esa autoridad le viene justamente de aquellos que le permiten seguirlo haciendo (desconocemos si se lo han ordenado). La evidencia que habla de torturas, palizas, hambruna y hasta muertes de bebés en las cárceles es abundante, innegable, y está consignada por la prensa, que ha detallado caso por caso, y por varios informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales; ha sido razón para que algunos salvadoreños reciban asilo en el extranjero e incluso se ha mencionado en el juicio de Estados Unidos contra algunos pandilleros como razón para no regresarlos al país.
A saber:
1.-El Director de Centros Penales. Osiris Luna Meza, quien además es viceministro de Seguridad y Justicia, es legalmente el responsable de los custodios de Centros Penales. Es suya, pues, la primera obligación de suspender a Montaña y a los otros custodios identificados como torturadores y violadores de derechos humanos. No lo ha hecho. Luna también actúa al margen de la ley, porque esas torturas sistemáticas suceden justo en los lugares bajo su responsabilidad. Él es el administrador de ese oscurísimo sistema de torturas y desapariciones forzadas que son hoy las cárceles salvadoreñas. Luna, como Montaña, actúa al margen de la ley, pero no del sistema.
2.- Los diputados oficialistas, que diligentemente, mes tras mes, aprueban la extensión del régimen de excepción sin investigar o siquiera exigir una explicación a las fuerzas de seguridad y al Ejecutivo por los abusos, torturas y violaciones a derechos humanos denunciadas y públicas. Es justamente el régimen de excepción el que ha convertido a las cárceles del bukelismo en hoyos negros, en los que los prisioneros ni siquiera pueden ver a sus familiares ni abogados. Son ellos también los autores de las reformas que permiten la suspensión de garantías y las detenciones arbitrarias.
3.- La Policía Nacional Civil, que ha detenido a decenas de miles de inocentes sin órdenes judiciales, simplemente para llenar cuotas de arrestos exigidas por sus superiores. Son ellos el inicio de la cadena de golpizas y vejaciones que sufren los detenidos bajo el régimen. Actúan con impunidad, amparados en que son la autoridad. Tampoco lo son por derecho, porque en estos pasados tres años han violado impunemente leyes que limitan su ejercicio y les prohíben torturar o atropellar los derechos de los ciudadanos.
4.- Los jueces y fiscales, que se han prestado a la anulación de la justicia y los derechos humanos. Son ejecutores de lo que Amnistía Internacional describió como la consolidación de un modelo “que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa. Paralelamente, las reformas legales en materia penal y procesal penal han introducido medidas como el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes. Estas reformas han sido observadas por organismos regionales y universales de derechos humanos por concluir que contravienen estándares internacionales”. Son estos jueces y fiscales quienes, a sabiendas de lo que sucede, legitiman con su participación la muerte de nuestros derechos.
5.- El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, que presume de que su sistema de seguridad ha logrado la captura de miles de criminales, pero se niega a admitir que decenas de miles de inocentes también están presos. Fue su llegada al Ministerio la que desató la represión que continuamos viviendo. Ejerce además como director de facto de la PNC desde la muerte del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Villatoro es también corresponsable de las torturas y abusos en las prisiones, porque la Dirección de Centros Penales está bajo su Ministerio o autoridad. Villatoro avala estos vejámenes. ¿Pero de dónde emana su autoridad, cuando es de hecho? Solo puede venirle de una persona.
6.- Nayib Bukele. Solo él acumula suficientes violaciones a la ley y a la Constitución como para ser un presidente ilegítimo. Su permanencia en la Presidencia después del primer y único término autorizado por la Constitución es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Toda autoridad delegada por él carece, pues, de legitimidad. Su control absoluto de las instituciones del Estado le permite, sin embargo, ejercer el poder de hecho y por tanto ser el responsable de los abusos que se cometan bajo su autoridad. Bukele es el primer responsable de las más de 435 muertes por tortura o negligencia en las prisiones salvadoreñas; es responsable de negar a los detenidos, y sobre todo a sus familiares, los más elementales derechos, como aquel de saber en qué lugar está detenida una persona. Es él, pues, responsable directo de que en las cárceles salvadoreñas se practique la tortura de manera sistemática, y el principal responsable de las extensiones del régimen de excepción y las detenciones de críticos a su ejercicio de poder. Bukele hace mucho que dejó de ejercer una autoridad por derecho. Es un presidente de facto.