Un problema recurrente de gobiernos autoritarios y dictaduras es que, cuando los intereses del gobernante no coinciden con el interés público, se imponen siempre los del dictador.
En lo que respecta a las pandillas, Nayib Bukele ha hecho dos acuerdos de muy distinta naturaleza que chocan de frente con los intereses nacionales.
El primero es el que hizo directamente con jefes de pandillas. Bukele pactó con ellos para obtener beneficios políticos personales: garantizarse el voto en comunidades controladas por los criminales y reducir la tasa de homicidios para aparentar seguridad; a cambio les entregó dinero y privilegios, negó su extradición a Estados Unidos y liberó en secreto a algunos de los más peligrosos cabecillas.
El segundo es el que hizo con la administración Trump. Se trata de un pacto opaco, que dio a conocer el Secretario de Estado Marco Rubio: El Salvador ofreció recibir y mantener en el CECOT a migrantes indocumentados y a criminales de cualquier país del mundo. “Un gesto extraordinario nunca antes ofrecido por ningún país”, dijo el Secretario Rubio.
No se conoce ninguna versión escrita del acuerdo, pero poco a poco descubrimos sus condiciones y su carácter –utilizando el lenguaje de la administración Trump– transaccional.
Lo que sabemos se puede resumir así: El Salvador recibe a “indeseables” (migrantes indocumentados; personas calificadas como delincuentes sin haber enfrentado juicio y cualquier otra persona, no importa su nacionalidad, que Estados Unidos decida expulsar) a cambio de un pago por cada uno y de la deportación a El Salvador de los cabecillas de la MS-13 detenidos en Nueva York, a la espera de juicio. Esto último, reveló la embajadora salvadoreña en Washington, lo exigió Bukele como “punto de honor”.
Es como si México aceptara recibir deportados a cambio de que Estados Unidos le enviara al Chapo, a Ismael “El Mayo” Zambada y a otros capos del narcotráfico detenidos allá; o que Honduras hiciera lo mismo a cambio del envío de Los Cachiros y Juan Orlando Hernández. No solo porque son considerados criminales de máxima prioridad para Estados Unidos (narcotraficantes y terroristas), sino porque agentes de ese país han dedicado mucho tiempo y recursos para llevarlos ante un juez.
Los nueve pandilleros presos en Nueva York fueron perseguidos durante varios años por una fuerza de tarea especial, creada durante el primer mandato de Trump, llamada Vulcan. Algunos de ellos fueron capturados en Estados Unidos o en México. Otros, como Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, estaban presos en El Salvador pero fueron liberados ilegalmente por Bukele a pesar de que debían décadas de condenas por crímenes terribles. (El Crook fue capturado en Chiapas por las autoridades mexicanas y enviado a Estados Unidos).
La acusación formal en Nueva York contra los pandilleros incluye el pacto con el gobierno salvadoreño y se prevé que, si las audiencias finalmente se llevan a cabo, los acusados proporcionen información sobre el pacto.
Pocas cosas podrían causar más daño a la imagen internacional de Bukele que unos cabecillas de la MS-13 describan, en Estados Unidos, su sociedad con él. Por ello necesita evitar de cualquier manera que continúen en Estados Unidos.
Ya intentó contratar a un cartel de narcotráfico en México para secuestrar a Crook y traerlo a El Salvador antes de que lo localizaran las autoridades estadounidenses. Ahora intenta que la administración Trump se los envíe a todos en un avión directo al CECOT.
En julio pasado, CNN publicó un intercambio de correos entre un hermano de Nayib Bukele y el jefe de gabinete de Marco Rubio. Ibrajim Bukele, que no ostenta ningún cargo oficial, negociaba a nombre del Gobierno salvadoreño el acuerdo con la administración Trump. A manera de oferta, incluía un atractivo descuento por cada deportado a cambio de los pandilleros. “En cuanto los nueve (cabecillas de la MS) sean retornados, El Salvador proveerá al Gobierno de Estados Unidos un descuento del 50% para el Año 2, en caso de ser necesario, de los TdAs (los 238 migrantes venezolanos deportados, presuntos miembros del Tren de Aragua, a los que nunca se les enjuició) originales”, decía el correo enviado por Ibrajim Bukele.
Merece destacar la frialdad con que el hermano Bukele comercia con seres humanos como si se tratase de mercancía. No importa quiénes son esas personas que llegan en los aviones. Da igual si son migrantes, como los cientos de miles de salvadoreños indocumentados en Estados Unidos que hoy se esconden de la policía migratoria. No importa quiénes son los deportados. Todos al CECOT. Cincuenta por ciento de descuento. Lo importante es el retorno de los nueve criminales, los nueve testigos del pacto de su hermano con las pandillas, los nueve socios de Nayib Bukele.
Un funcionario del Departamento de Estado reveló a CNN que las deportaciones de líderes de la MS-13 eran “una prioridad para Bukele, y la administración Trump aceptó el acuerdo”.
El primero en retornar fue César Antonio López Larios, alias Greñas, deportado después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara formalmente al juez que desestimara las acusaciones contra él, argumentando “intereses geopolíticos”.
Ya hay una segunda solicitud del Departamento de Justicia para desestimar las acusaciones contra otro cabecilla y Bukele espera que los nueve retornen a El Salvador antes de que comiencen a hablar en la Corte de Nueva York.
Es evidente que los intereses de la familia Bukele son opuestos al interés público, tanto de los salvadoreños como de los estadounidenses, que es el de conocer los acuerdos secretos que un gobernante ha hecho con organizaciones criminales consideradas terroristas en ambos países.
En El Salvador, que vive ya en dictadura, no hay mucho margen de maniobra para exigir que el interés público se imponga sobre las urgencias políticas de un gobernante que ha hecho un pacto de mafiosos. Pero en Estados Unidos, donde los cabecillas de la MS-13 se encuentran detenidos, también tienen derecho a saber por qué la administración Trump prioriza el interés criminal de Bukele por encima del juicio a jefes pandilleros considerado prioridad para la seguridad estadounidense. Pandilleros solicitados en extradición por Estados Unidos y a quienes el mismo Bukele liberó ilegalmente. Ese acuerdo, que el secretario Rubio selló en San Salvador, tiene por objetivo salvar a un criminal: Nayib Bukele.